Justicia
La masacre de San Roque, uno de los expedientes abiertos contra Álvaro Uribe en la Fiscalía
Aunque Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia por manipulación de testigos, en la Fiscalía permanecen tres casos abiertos por hechos violentos en Antioquia, entre ellos, la masacre de San Roque en 1996, vinculada a la hacienda Guacharacas.
La condena en primera instancia contra Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal puso nuevamente en el centro del debate judicial el papel del expresidente en hechos relacionados con la violencia paramilitar. Más allá del fallo emitido por la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, en el proceso por manipulación de testigos, hay otros tres expedientes que permanecen en manos de la Fiscalía desde septiembre de 2020.
Se trata de casos que estaban bajo el mismo radicado en la Corte Suprema de Justicia y que eran adelantados por el magistrado César Reyes, el mismo que llamó a indagatoria a Uribe Vélez y ordenó su detención domiciliaria en agosto de 2020. Uno de ellos es la masacre de San Roque, perpetrada entre el 13 y el 17 de septiembre de 1996 en ese municipio del nordeste antioqueño. Aunque se trata de un hecho con escasa documentación judicial, su mención fue importante para abrir la investigación por la presunta conformación de grupos paramilitares en la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez en esa época.
Según documentos de la Corte Suprema, el grupo armado ilegal que cometió la masacre de San Roque habría operado desde la hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque. Las declaraciones de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve impulsaron la apertura del expediente. Monsalve, testigo en el proceso por manipulación de testigos, señaló que desde esa hacienda se organizó un grupo armado que operó en la región durante la segunda mitad de la década de los noventa.
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El expediente sobre la masacre de San Roque fue uno de los tres casos que la Corte Suprema remitió a la Fiscalía General de la Nación en septiembre de 2020, después de que Uribe Vélez renunciara al Senado y perdiera el fuero constitucional. Junto a este caso, también fueron trasladadas las investigaciones por las masacres de La Granja (junio de 1996) y El Aro (octubre de 1997), ocurridas en Ituango cuando Uribe era gobernador de Antioquia, así como el asesinato del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en Medellín el 27 de febrero de 1998.
Jesús María Valle había denunciado la escalada de violencia paramilitar en el norte antioqueño y la presunta omisión de autoridades civiles y militares. En 1997, durante un acto conmemorativo en la Universidad de Antioquia, dijo: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”. Semanas después, presentó denuncias formales ante la Fiscalía y la Corte Suprema por prevaricato por omisión.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró estos tres casos como crímenes de lesa humanidad en 2018. Esto significa que no prescriben y pueden seguir siendo investigados sin límite de tiempo. Además, en junio de 2020, la Corte admitió como parte civil al sobrino del abogado Valle y estableció que las acciones civiles de reparación tampoco prescriben. Con ello, las familias de las víctimas pueden seguir impulsando los procesos judiciales, incluso si las investigaciones penales siguen sin avances sustanciales.
Álvaro Uribe ha negado tener responsabilidad en los hechos y ha solicitado públicamente celeridad en los procesos. Mientras su defensa prepara la apelación por la reciente condena por manipulación de testigos, los expedientes sobre la masacre de San Roque, las masacres de Ituango y el asesinato de Jesús María Valle siguen sin resolverse en la Fiscalía.
