Gobernador de Antioquia pide tumbar ley de Zonas de Protección de Alimentos

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, radicó una intervención formal ante la Corte Constitucional solicitando la inconstitucionalidad del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que permite la creación de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el país. Según el mandatario, esta disposición representa una usurpación de competencias que constitucionalmente corresponden a los concejos municipales, especialmente en materia de definición de usos del suelo.

El artículo demandado faculta al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para declarar unilateralmente estas áreas, con el objetivo de salvaguardar la producción alimentaria nacional y prevenir que actividades como la urbanización o la minería afecten su capacidad productiva. Sin embargo, para Rendón, esta norma desconoce la autonomía territorial consagrada en los artículos 1, 287, 311 y 313.7 de la Constitución, al excluir mecanismos de coordinación con departamentos, distritos y municipios.

La solicitud fue presentada ante la magistrada ponente Natalia Ángel Cabo y se suma a las voces de la Federación Nacional de Departamentos, Fedemunicipios, Asocapitales, varias universidades y juristas, quienes han manifestado preocupaciones similares. Rendón sostiene que, aunque Colombia es un Estado unitario, las decisiones sobre ordenamiento territorial no pueden adoptarse de manera centralizada, sin considerar las autoridades locales.

Vale la pena recordar que, mediante Auto del 19 de marzo de 2025, la Corte Constitucional ya había admitido una acción de inconstitucionalidad contra este mismo artículo de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Este paso abre la puerta a un eventual pronunciamiento del alto tribunal sobre la validez de la norma y sus implicaciones para la autonomía territorial.

El gobernador insistió en que permitir al Gobierno Nacional imponer las ZPPA y APPA vulnera el núcleo esencial de la autonomía municipal y departamental, y solicitó que se impida su aplicación no solo en Antioquia, sino en todo el país.