CNE suspende investigación contra Petro, pero caso por violación de topes entra en recta final

El Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió provisionalmente este 6 de mayo la investigación administrativa contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. La decisión se tomó mientras la Corte Constitucional resuelve una acción de tutela que cuestiona si el CNE tiene competencia para adelantar investigaciones contra un jefe de Estado en ejercicio.

El auto, firmado por los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, aclara que la suspensión solo aplica para Petro. El resto del proceso sigue en firme y ha entrado en su etapa final. Los sujetos procesales involucrados —entre ellos Ricardo Roa, gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; María Lucy Soto, auditora; Juan Carlos Lemus, auditor; y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica— tienen un plazo común de 15 días hábiles para presentar sus alegatos de conclusión.

El documento de diez páginas señala que, una vez recibidos estos alegatos, los magistrados presentarán una ponencia final ante la sala plena del CNE. En esta se definirá el futuro del proceso por presuntas violaciones al régimen de financiación de campañas en primera y segunda vuelta electoral. El pliego de cargos, formulado en mayo de 2023, busca determinar si se sobrepasaron los topes legales y si se usaron fuentes prohibidas de financiación.

Aunque la Corte Constitucional ordenó suspender la investigación contra Petro, los magistrados del CNE admitieron no haber recibido aún notificación oficial, basándose únicamente en un comunicado de prensa del alto tribunal. El calendario proyecta que los alegatos se presenten a finales de mayo y que hacia mediados de junio se radique la ponencia definitiva, que será debatida y votada por la sala plena del CNE.

El resultado final podría depender de si el petrismo cuenta con mayorías suficientes en ese órgano o si la decisión debe recaer en un conjuez. Además, el proceso está sujeto a plazos legales: la caducidad de la facultad sancionatoria se cumpliría a comienzos del segundo semestre de 2025, por lo que los investigadores trabajan contra el tiempo. Mientras tanto, crece la expectativa sobre el impacto político que pueda tener un eventual fallo.