Justicia
Jueza ordena detención inmediata de Uribe pese a apelación
Álvaro Uribe Vélez deberá cumplir prisión domiciliaria de 12 años en su finca de Llanogrande. La jueza Heredia negó que la apelación suspenda la medida.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión fue proferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, a cargo de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien también ordenó su detención inmediata en su residencia ubicada en Llanogrande, Rionegro, Antioquia, pese a que la defensa anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La jueza argumentó que, por tratarse de una figura pública de alta notoriedad, permitirle permanecer en libertad mientras se resuelve la apelación enviaría un mensaje equívoco sobre la igualdad ante la ley. Según Heredia, la medida de aseguramiento busca “preservar la convivencia pacífica” y evitar percepciones de impunidad. Esta decisión excepcional se aparta del precedente habitual, que autoriza a los condenados sin riesgo de fuga a permanecer libres durante la segunda instancia.
Durante el cumplimiento de la condena, Uribe deberá acatar estrictas condiciones: no podrá cambiar de domicilio sin autorización judicial, deberá comparecer ante las autoridades cuando sea requerido y permitir inspecciones de funcionarios judiciales en su residencia. La jueza comisionó al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro para expedir la boleta de encarcelación y garantizar la ejecución de la medida.
El fallo consta de 1.114 páginas y establece, además de la pena privativa de libertad, una multa de más de 3.400 millones de pesos y una inhabilidad de 100 meses y 20 días para ejercer funciones públicas. La estructura de la sentencia señala que Uribe fue condenado a 91 meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal, más 29 meses por concurso homogéneo, al haberse comprobado la conducta respecto de tres testigos: Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés. A esto se sumaron 24 meses por el delito de fraude procesal, lo que totaliza 144 meses, equivalentes a 12 años.
El proceso penal tiene origen en 2012, cuando Uribe denunció al congresista Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. La Corte Suprema de Justicia archivó esa denuncia y ordenó, en cambio, abrir una investigación contra el expresidente por intentar incidir en las declaraciones de exparamilitares. La Fiscalía determinó que su entonces abogado, Diego Cadena, ofreció beneficios a testigos privados de la libertad para que modificaran sus versiones.
La jueza Heredia consideró acreditados los hechos y dictó un fallo condenatorio tras 57 días de juicio oral. Uribe fue absuelto del cargo de soborno simple, pero hallado culpable por soborno en actuación penal y fraude procesal. Su defensa, encabezada por el penalista Jaime Granados, reiteró que se prepara la apelación y que el expresidente conserva la presunción de inocencia mientras no haya una sentencia definitiva.
Con esta decisión, Uribe se convierte en el primer expresidente colombiano condenado penalmente en la historia reciente. El desarrollo del proceso y su impacto político continúan siendo objeto de atención nacional e internacional.
