Gobierno
Consejo de Estado prohíbe transmitir consejos de ministros en canales privados, regionales y comunitarios
La decisión judicial limita las transmisiones de los consejos de ministros a canales públicos nacionales, tras advertir que la difusión por otras señales vulnera el derecho a la información.
El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro, al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) abstenerse de transmitir los consejos de ministros a través de canales privados, locales, regionales, comunitarios y el Canal Uno. La decisión fue adoptada tras fallar una acción de tutela por considerar que esta práctica vulnera el derecho fundamental a la información y el pluralismo informativo.
La medida judicial se origina en una tutela interpuesta por María Cristina Cuéllar Cárdenas, quien argumentó que en varias ocasiones, durante el horario estelar, no tuvo otra opción de programación televisiva distinta a las transmisiones oficiales del consejo de ministros.
Según la sentencia, emitida por la Sección Tercera del alto tribunal, estas transmisiones suprimen la posibilidad de los ciudadanos de informarse a través de múltiples fuentes, y obligan a recibir una única versión de los hechos emitida por el Gobierno Nacional. “Apagar el televisor no es una opción constitucionalmente válida para compensar la trasgresión al derecho a la información”, señaló el Consejo.
Límites al uso del espectro público
Para los magistrados, permitir que todos los canales abiertos —públicos o concesionados— transmitan exclusivamente los consejos de ministros, restringe de forma desproporcionada la diversidad informativa. “El derecho a la información incluye el acceso a contenidos plurales, veraces y objetivos, pero también la posibilidad de no informarse”, reiteró la Sala.
El fallo aclara que únicamente Señal Colombia y Canal Institucional, administrados por RTVC, podrán continuar con estas emisiones, siempre que se mantenga la vocación de servicio público y acceso libre a quienes voluntariamente deseen seguirlas.
Postura del Gobierno
Desde la Presidencia se defendió la legalidad de las transmisiones, argumentando que se trata de una forma de rendición de cuentas y de promoción de la transparencia. El presidente Petro aseguró en febrero que “el pueblo tiene derecho a saber qué hace su gobierno y cómo es su gobierno directamente y sin intermediarios desinformadores”.
No obstante, el Consejo de Estado recordó que incluso las alocuciones presidenciales deben cumplir con criterios de necesidad, urgencia y proporcionalidad, especialmente si afectan el acceso a la programación habitual y el equilibrio del ecosistema mediático.
El pronunciamiento, si bien resuelve una tutela particular, genera un precedente sobre el uso de los medios masivos por parte del Ejecutivo y la protección del pluralismo en el acceso a la información. También plantea interrogantes sobre la naturaleza pública o política de los consejos de ministros transmitidos y los límites del Gobierno en el uso del espectro electromagnético.
