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Antioquia

Mineducación impone vigilancia especial a la Universidad de Antioquia

El Ministerio de Educación ordenó vigilancia especial y medidas preventivas sobre la Universidad de Antioquia tras detectar una crisis financiera que compromete la calidad y continuidad del servicio educativo.

El Ministerio de Educación Nacional ordenó medidas de vigilancia especial a la Universidad de Antioquia, tras identificar una serie de hallazgos financieros que, según la entidad, representan riesgos para la continuidad del servicio educativo. La decisión fue adoptada mediante la Resolución 016105 del 29 de julio de 2025, firmada por el ministro José Daniel Rojas.

El Ministerio señaló que la universidad presenta deterioro en los indicadores de liquidez, alta dependencia de las cuentas por cobrar, debilidades en el control del gasto, disminución en la capacidad operativa y falta de un plan de contingencia efectivo. Estos elementos fueron detectados durante visitas de inspección realizadas en 2024 y 2025.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la disminución de más del 90% en el capital neto de trabajo de la universidad en los últimos dos años. También se reportaron inconsistencias entre los datos financieros registrados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y los estados financieros reales, así como inversiones en infraestructura sin evaluación clara de su impacto.

De acuerdo con la resolución, “la Universidad de Antioquia presenta riesgos graves asociados a la iliquidez, limitaciones en el control del gasto, disminución en la capacidad operativa y eficiencia de la gestión, situaciones que representan una indebida conservación de las rentas de la institución”.

Aunque la universidad manifestó hacer seguimiento a su situación financiera, el Ministerio concluyó que no se evidencia un plan de contingencia para enfrentar los problemas identificados. En ese contexto, se adoptaron cuatro medidas principales.

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La primera es la vigilancia especial sobre la universidad. La segunda es la designación de un inspector in situ que ejercerá seguimiento permanente a la gestión administrativa y financiera. La tercera consiste en la elaboración e implementación de un plan de mejoramiento obligatorio con acompañamiento del Ministerio. La cuarta incluye el cumplimiento de condiciones específicas que serán impartidas por la Subdirección de Inspección y Vigilancia.

El Ministerio también dejó abierta la posibilidad de suspender temporalmente registros calificados de programas académicos o trámites relacionados con nuevos registros, así como intervenir el manejo de recursos institucionales si se demuestra que su uso compromete la viabilidad financiera o académica.

Estas medidas se sustentan en el artículo 67 de la Constitución y en la Ley 1740 de 2014, que establece la función de inspección y vigilancia del Estado sobre las instituciones de educación superior.

En paralelo, el Ministerio destacó que estas decisiones se enmarcan en una inversión creciente del Gobierno Nacional hacia la Universidad de Antioquia. Las transferencias para funcionamiento pasaron de $540 mil millones en 2022 a $631 mil millones en 2024 y se proyectan en $676 mil millones para 2025.

En materia de inversión, los recursos asignados crecieron de $16,1 mil millones en 2022 a $19,8 mil millones este año. Las transferencias por gratuidad también aumentaron, alcanzando los $56,5 mil millones en 2025. Para el segundo semestre de 2024, el 90,2 % de los estudiantes matriculados accedió al beneficio de gratuidad.

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El Ministerio indicó que podrá modificar, adicionar o levantar las medidas adoptadas, según el nivel de cumplimiento demostrado por la universidad. También reiteró que estas acciones no afectan la autonomía universitaria y tienen como objetivo garantizar la gestión adecuada de los recursos públicos y proteger el derecho a la educación superior.

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