Absuelven al alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, tras seis años de juicio por minería ilegal

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió al alcalde de Segovia, Edwin Alexander Castañeda Vahos, y a otros cuatro ciudadanos procesados desde 2019 por presuntos vínculos con minería ilegal, tráfico de explosivos y concierto para delinquir. La sentencia, proferida el viernes 1 de agosto, cierra uno de los procesos judiciales más prolongados y controvertidos del nordeste antioqueño, y pone de relieve las tensiones históricas entre la minería ancestral, el aparato judicial y la presencia de empresas extranjeras en territorios ocupados tradicionalmente por comunidades mineras.

El juez Jaime Herrera Niño concluyó en su fallo que “no se probó la existencia de una organización criminal ni la responsabilidad penal de los acusados más allá de toda duda razonable”. Los otros absueltos son Ángel de Dios Álvarez Castañeda, Ricardo Antonio Monsalve Arboleda, José Ismael García Zapata y Ramiro de Jesús Guerra.

“Absolver a los señores Edwin Alexander Castañeda Vahos […] de los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo”, indica el documento judicial.

Castañeda fue capturado en mayo de 2019, cuando ejercía como comandante del Cuerpo de Bomberos de Segovia. Según la Policía, dirigía una presunta red denominada “El Cogote”, supuestamente aliada del Clan del Golfo. En un operativo, las autoridades incautaron diez tacos de indugel y cuatro mechas de seguridad cerca de la mina La Rubiela, de su propiedad. La Fiscalía alegó que esta estructura extraía unos 20 kilos de oro al mes y usaba su representación en la Mesa Minera local como fachada para encubrir actividades ilegales.

La defensa de Castañeda sostuvo que se trataba de una acusación infundada, carente de pruebas sólidas, y enmarcada en un contexto de criminalización sistemática contra la minería tradicional. Durante el juicio, se evidenciaron fallas en el procedimiento, no se respetó la cadena de custodia de los explosivos incautados; no existían registros fotográficos del entorno del hallazgo; y el operativo se basó en la denuncia de un informante anónimo cuya identidad nunca fue revelada al juez, lo que imposibilitó valorar su credibilidad o controvertir su testimonio.

Uno de los elementos más determinantes surgió en el juicio oral, el costal con explosivos no fue hallado dentro de la mina, como inicialmente había afirmado la Policía, sino en un “sitio contiguo”, una diferencia que, según el juez Jaime Herrera Niño, resultó sustancial para el análisis probatorio. “No se puede atribuir con certeza a los procesados un material hallado en condiciones tan ambiguas”, argumentó el magistrado en el fallo.

El contexto aumentó las dudas, la empresa de Castañeda, Sociedad Minera La Rubiela SAS, había interpuesto una demanda civil contra la multinacional Zandor Capital S.A., filial de Gran Colombia Gold, seis días antes del allanamiento. Testigos afirmaron que la compañía buscaba despejar el territorio mediante amparos administrativos y presión institucional sobre los pequeños mineros. La defensa sugirió que los explosivos pudieron haber sido colocados por terceros para incriminarlo.

A lo largo de seis años de proceso, no se demostró la existencia de una organización delictiva, ni vínculos con grupos armados, ni afectaciones ambientales directamente atribuibles a la operación de Castañeda. La Fiscalía terminó retirando el cargo de concierto para delinquir. Además, se comprobó que en años anteriores el acusado había gestionado permisos legales para el uso de explosivos y fue subcontratista de la propia Zandor Capital bajo el título RPP-140.

Desde 2019, organizaciones como la Mesa Minera de Segovia y Remedios habían denunciado una campaña de persecución contra los mineros tradicionales. Tras las capturas, unas 2.000 personas se movilizaron en el municipio. Se recolectaron 4.000 firmas pidiendo la libertad de los detenidos. Uno de los principales defensores de Castañeda fue Jaime Gallego, líder asesinado en 2025 en un crimen atribuido al Clan del Golfo.

Edwin Castañeda fue elegido alcalde de Segovia en octubre de 2023, aún en medio del proceso judicial, por el movimiento cívico Segovia Somos Uno. Obtuvo 4.700 votos con una campaña centrada en la defensa de los derechos de los mineros ancestrales. Su elección fue vista como un respaldo popular frente a lo que muchos percibían como un uso injusto del derecho penal.

“Siempre confié en mi inocencia y en que se haría justicia. Esta sentencia reivindica la dignidad del pueblo minero”, declaró el alcalde Edwin Castañeda tras conocer el fallo. Agregó que el proceso fue una prueba de resistencia para él y su familia, pero también una oportunidad para visibilizar las injusticias que enfrentan quienes defienden la minería tradicional. “Hemos demostrado que se puede resistir desde la legalidad, con dignidad y sin renunciar al territorio”, concluyó.

La decisión también ordena la cancelación de cualquier anotación en los registros judiciales de los implicados una vez el fallo quede en firme. Aunque la Fiscalía podría apelar ante el Tribunal Superior de Antioquia, la sentencia representa un importante respaldo jurídico a la inocencia del mandatario y al cumplimiento del debido proceso.