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Gobierno Duque expresa se opone al proyecto de ley para eliminar el 4×1.000

El Ministerio de Hacienda emitió un documento al Congreso de la República rechazando la iniciativa, debido a que tendría un “impacto fiscal negativo”

El pasado 2 de noviembre, la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca eliminar el impuesto del 4×1.000, y este lunes, seis días después, el Ministerio de Hacienda manifestó su oposición.

La iniciativa de Katherine Miranda (Alianza Verde) contempla que a partir de 2023 se comience a desmontar este impuesto de manera gradual: ese año sería del 3×1.000, en 2024 del 2×1.000 y en 2025 del 1.100. Así, pues, a partir de 2026 los colombianos quedarían libres del gravamen con el que se recaudan $ 4 por cada $ 1.000 en una transacción financiera.

Este lunes, el Gobierno Nacional se opuso al proyecto de ley en un documento dirigido al Congreso de la República y firmado por el viceministro técnico de Hacienda, Jesús Bejarano, el Gobierno indicó que dicho desmonte tendría un impacto fiscal negativo que se iría materializando gradualmente en el transcurso del tiempo, pues no hay fuentes suficientes que compensen la pérdida estimada de recaudo asociada a la eliminación de este impuesto.

La cartera de Hacienda estima que la eliminación gradual del gravamen desde el 2023 tiene un impacto fiscal anual cercano a $7,4 billones (0,7% del PIB). “También se presentaría un leve incremento en el recaudo del impuesto de renta, en la medida en la que los contribuyentes dejarían de tener deducciones correspondientes al 50 % del pago de este impuesto”, dice el documento.

El Gobierno también destacó que el escenario fiscal del país derivado de la Ley de Inversión Social no contempla reformas tributarias adicionales en esta legislatura y agregó que el 4×1000 se ha mantenido desde 1998 “debido a las dificultades existentes para sustituirlo por otra fuente de ingresos permanente”.

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Este ha sido un impuesto que desde su origen ha sido bastante polémico, debido a que en un principio fue destinado para el rescate de las instituciones financieras, que en el gobierno Pastrana vivieron una de sus crisis más graves.

El impuesto que fue creado en el gobierno de Andrés Pastrana en 1998 para salvar a las entidades bancarias tendría vigencia de solo un año, pero se prorrogó 12 meses más, debido a la emergencia económica de un terremoto en la zona cafetera del país. En el 2000, cuando supone debió ser eliminado, no solo pasó a ser permanente sino que aumentó: en un comienzo fue del 2×1.000 y se convirtió en el hoy conocido 4×1000.

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