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Política

Corte Suprema dicta medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez

En un hecho histórico en Colombia, por primera vez un expresidente de la República es cobijado con medida de aseguramiento. La decisión recae sobre Álvaro Uribe Vélez y fue tomada por la Corte Suprema de Justicia, bajo cargos de manipulación de testigos.

La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por fraude procesal y soborno en presunta manipulación de testigos.

La noticia fue confirmada por el mismo expresidente Uribe a través de su cuenta de Twitter: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”.

Esta decisión se tomó por cuenta de la ponencia del magistrado César Reyes que fue avalada por sus compañeros de Sala, excluida la magistrada Cristina Lombana, quien fue recusada por su cercanía a Uribe, mientras fungió como presidente y ella como miembro de la Fuerza Pública.

El proceso contra Uribe tiene su origen en una denuncia que él interpuso en 2012 contra el senador del Polo, Iván Cepeda, quien en un debate en el Congreso presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las autodefensas. Uribe lo denunció en la Corte y seis años después, en febrero de 2018, el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidad alguna en la conducta de Cepeda y, por el contrario, advirtió posibles irregularidades en la defensa de Uribe. A partir de ese momento, el alto tribunal detectó posibles presiones de Uribe y su defensa contra los testigos que le habían hablado a Cepeda.

Una de ellas, por ejemplo, se dio en medio de las visitas que hizo el abogado, Diego Cadena, al testigo estrella contra de Uribe, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. En ellas, al parecer prometió prebendas para que cambiara su versión y hablara en su favor en la Corte. En total sigilo, el alto tribunal llevó las pesquisas y, casi cuatro meses después, anunció que abriría una investigación formal a Uribe, tras corroborar que, como reacción a la providencia judicial de febrero y, al parecer con su consentimiento, allegados suyos emprendieron actos de manipulación de testigos.

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La Fiscalía General ya le imputó los delitos de fraude procesal y soborno, al abogado Diego Cadena, quien defiende los intereses del senador Uribe. El abogado penalista, sobre quien pesa los mismo delitos que su defendido, declaró ser inocente por lo que lo acusan.

Sin embargo, la Fiscalía tiene pruebas en su poder que dan cuenta que Cadena junto con el también abogado Juan José Salazar, habrían abordado en las cárceles de Palmira (Valle del Cauca) y La Picota (Bogotá), a los exparamilitares condenados y mencionados anteriormente con el fin de que cambiaran la versión que entregarían ante el alto tribunal sobre una investigación que se surtía en contra del senador Iván Cepeda.

Lo que dijo la Fiscalía en la audiencia, es que Cadena habría abordado a alias ‘Víctor’ y le ofreció 200 millones de pesos a cambio de que mencionara que Cepeda le ofrecía favores carcelarios como pago de que hablara sobre la relación de Uribe y el paramilitarismo.

En este proceso, el senador Cepeda fue acreditado como víctima y ha asegurado que el abogado Cadena, de no ser cobijado con medida de aseguramiento, podría obstruir a la justicia, esto teniendo en cuenta que, según las pruebas, fue él quien buscó a los exparamilitares para que atestiguaran en su contra.

El senador Uribe, por su parte, ha negado categóricamente los señalamientos hechos en su contra, y si bien en octubre pasado, cuando rindió a indagatoria respondió a las presuntas hechas por el magistrado Reyes, una vez se abrió la investigación en su contra, en julio de 2018, consideró apartarse de su cargo como senador de la República.

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Hasta el momento no ha confirmado la determinación a la prensa, porque inicialmente se debe llevar a cabo la notificación a las partes del proceso.

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