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Congreso

Plenaria de Senado aprobó la suspensión de la Ley de garantías

El senado aprobó el artículo que determina la suspensión de la Ley de Garantías, el cual estaba presente en el proyecto de presupuesto para el año 2022 impulsado desde el gobierno.

Este martes en la Cámara de Representantes y el Senado se inició la discusión del texto final del proyecto de presupuesto general para 2022. Temas como la sustitución de cultivos, una supuesta reforma pensional, los recursos para la Comisión de la Verdad y el desfinanciamiento de algunos proyectos de vivienda han ocupado la discusión, pero sin duda el tema sobre el que se han lanzado más alertas es la idea de modificar la Ley de Garantías. Para muchos congresistas, hacerlo ad portas de las elecciones derivaría en que las maquinarias políticas tradicionales se fortalezcan.

Aunque la norma aprobada establece que los convenios que se suscriban bajo el amparo de la disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, muchos sectores mostraron su descontento con lo aprobado por el Senado de la República en su sesión plenaria.

“Todos los convenios que se suscriban bajo el amparo de la presente disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República. El Contralor General de la República determinará, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, la forma en que se ejercerá dicho control especial”, dice el artículo.

Este artículo señala que , “a partir de la publicación de la presente ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.

Según explicó en su momento el  ministro José Manuel Restrepo,  con este artículo no se suspende la ley de garantías,  sino que se permite la contratación en infraestructura vial, proyectos de agua potable, entre otros para que no se frenen por cuenta de las elecciones y para que no afecten el proceso de reactivación.

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“No se está eliminando la ley de garantías,  simplemente se está permitiendo temporalmente el uso de convenios interadministrativos”, dijo Restrepo.

Uno de los primeros en señalar como improcedente la norma fue el propio Consejo Gremial Nacional, que antes de la discusión de este martes había solicitado la eliminación del artículo. Los empresarios señalaron que se debían mantener intactos los principios de la Ley de Garantías, con el propósito de que la contratación estatal y los recursos públicos se protejan en los ciclos electorales.

“Así mismo reiteran la inconveniencia de modificar el régimen de Ley de garantías actual, y en tal sentido solicitan al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que se elimine dicho artículo del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, para mantener inalteradas las reglas de juego en materia electoral”, señaló el gremio.

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