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Opinión

En defensa del Estado laico 

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Quiero empezar contándoles que soy concejal y por lo tanto hago parte de una institución denominada Concejo municipal en Amalfi, Antioquia. En algunas deliberaciones producto de mi ejercicio, he confrontado algunas posiciones que desean introducir o mantener la injerencia de la religión en las actuaciones administrativas, políticas o de gobierno en las instituciones estatales de la localidad, situación que más allá de ser contraria a la Constitución del 91, desconoce el principio de laicidad y el pluralismo religioso; por lo tanto, considero que todo lo que atañe a la espiritualidad o religiosidad debe ser un asunto exclusivo de la esfera privada cuando se es servidor público y en consecuencia, se debe obrar conforme a lo dispuesto –en especial–, en los artículos 13 y 19 de nuestra Carta.

El principio de laicidad indica que el Estado tiene prohibido adscribirse institucionalmente o beneficiar con erogaciones patrimoniales a cualquier culto. No obstante, dicha prohibición no induce a desconocer el valor moral y cultural que las religiones tienen en nuestra sociedad, por el contrario, establece un tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas, de ahí que, en el preámbulo de la Constitución se cite a dios de manera general y no con referencia a una iglesia en particular.

En repetidas ocasiones la Corte Constitucional ha dejado claro que siendo Colombia un Estado laico, basado en la libertad religiosa e igualdad confesional, no es posible adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra naturaleza, que consagren tratamientos más favorables o perjudiciales a una comunidad religiosa; de igual forma ha dicho que el hecho de tener una mayor cantidad de creyentes no justifica un tratamiento privilegiado. Cabe resaltar también otros acontecimientos que hacen parte de nuestra historia y han contribuido a materializar el principio de laicidad en nuestro Estado, por ejemplo, en el plebiscito de 1954 se derogó de la Constitución la religión católica como culto oficial de la patria; en 1991 con la Asamblea Constituyente se introdujo en la Constitución el principio de laicidad y, en 1994 se declaró la inconstitucionalidad de la expresión “País del sagrado corazón”. En conclusión, no es papel del Estado, en ningún nivel de gobierno, el promocionar las distintas confesiones religiosas, así lo hagan respetando la igualdad entre ellas, pues se estaría ante actividades que no se podrían catalogar como seculares e irían en contra del principio de laicidad en la cual se funda el Estado Social de Derecho colombiano; además, la fidelidad administrativa y política al principio de laicidad favorece a una sociedad democrática, participativa y pluralista.

Con lo expuesto no pretendo realizar una apología del ateísmo, ni desahogarme por algunas discusiones perdidas ante el fundamentalismo religioso de las mayorías democráticas. Inicialmente quiero dejar claro que el estado no simplemente debe tratar de forma equitativa a los cultos religiosos debidamente reconocidos, sino que, debe evitar que el funcionamiento o motivación de las acciones que tomen los órganos públicos tengan una naturaleza religiosa, que implique contradicción con el principio de secularidad estatal. En segundo lugar, manifestar mi preocupación al ver que nuestro Estado y su elemento de laicidad se ve opacado y es desconocido al momento de tomar decisiones que pueden resolver conflictividades sociales, lo cual ha llevado a legitimar dichas causas en los estrados judiciales.

Basta con mencionar lo referente al matrimonio igualitario, el cual antes de ser aprobado por la Corte Constitucional era rechazado por el 62% de los colombianos, en especial por argumentos de índole dogmática y religiosa. Lo mismo ocurrió con la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el cual no solo encontró rechazo en gran parte de la sociedad colombiana, sino que además, se llegó al punto de realizar una recolección de firmas –liderada por la ex senadora de la república Vivian Morales–, para realizar un referendo y así prohibir la adopción por parejas homosexuales, por fortuna esta iniciativa no prosperó en el Congreso de la República. Lo mismo pasa con la educación sexual con perspectiva de género o, con la iniciativa de aborto legal, pleno y gratuito. Iniciativas que contribuyen a resolver conflictividades de salud pública, de discriminación y nos permiten avanzar en humanismo y justicia social; pero que, encuentran férrea oposición en sectores de la sociedad que se atrincheran en fundamentalismos para hacer la guerra a los derechos y libertades individuales de todas las personas que por cuestiones biológicas o de elección voluntaria deciden vivir de modo distinto a lo que instituyen los paradigmas tradicionales.

Desconocer los beneficios del Estado laico genera inestabilidad en las instituciones democráticas y anula la igualdad legal que tenemos los seres humanos que habitamos este territorio; además, en un país que intenta reconciliarse y construir la paz en medio de su fragilidad, dar por hecho que al momento de resolver algunos conflictos sociales deben observarse primero los textos bíblicos y luego las disposiciones normativas como lo insinuó el presidente electo de nuestro país, se corre el riesgo de enfocar la actividad estatal desde una perspectiva fundada en el valor de la cultura religiosa que desconfía, discrimina y no acepta soluciones y personas que han decidido liberarse de los dogmas de fe para vivir en apoyo a la igualdad de la dignidad humana y de derechos democráticos, la libertad política y civil de todos los seres humanos y la convivencia pacífica con las culturas, incluyendo la religiosa.

La hermandad de la patria es un objetivo poco real en una sociedad donde las personas están inmersas en argumentos egoístas y en lealtades divinas que implican a veces, no reconocer la igualdad legal de las otras personas; ahora bien, tampoco quiero insinuar que deba existir una predisposición tendiente a la división permanente entre creyentes y no creyentes, porque en ese sentido, el odio venga de donde venga, sea fundamentado en ideas seculares o religiosas, impide que el poder espiritual que tenemos todas las personas sea puesto al servicio de una deliberación publica con empatía y respeto por la diversidad.

Propongo entonces superar el estigma y la exclusión que proliferan en nuestra sociedad para comprender las raíces de nuestras malas conductas y fortalecer una cultura pública del diálogo que, como en su momento con la esclavitud por condiciones de raza o con la desigualdad jurídica entre hombres y mujeres, nos permita trascender las tensiones actuales con argumentos éticos que respeten la libertad y la igualdad humana, sin subordinar unas a otras las concepciones religiosas y laicas de la vida. Para ello, debemos empezar por valorar y fortalecer las instituciones democráticas y laicas, las cuales pueden funcionar como punto de encuentro para construir un futuro común donde todas las personas y comunidades, sin discriminación alguna, puedan participar efectivamente de un proyecto de nación que no haga distinciones en la ciudadanía por concepciones basadas en asuntos de raza, sexo o religión.

Yédison Aristizábal

Este es un espacio de opinión que refleja única y exclusivamente el punto de vista de su autor y no representan la opinión ni el pensamiento de elnordeste.com

Opinión

Amalfi: de la inseguridad a la violencia

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El pasado sábado decidí, después de mucho tiempo, volver a tomar una cerveza en la zona rosa del municipio de Amalfi. No imaginé que la noche terminaría con un intento de hurto y otro de linchamiento, situación que pude presenciar y que me causó, sin ánimo de exagerar, un gran miedo y tristeza. Lo sucedido implica –a mi modo de verlo–, que la institucionalidad policiva revise o repiense las medidas de prevención del delito y protección de integridad de las personas y su patrimonio; de igual forma, debe convocarnos a una profunda reflexión en torno al uso de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos o ajusticiamiento social, lo cual me parece desde todo punto de vista peligroso y problemático.

Convivir y hacer parte de un Estado Social de Derecho, como se predica del nuestro, indica que los ciudadanos –entre otras cosas–, depositamos la función de impartir justicia por conductas indebidas o ilegales al aparato judicial, que con todas sus fallas y desaciertos, es constitucionalmente el llamado a castigar y procesar a las personas que lesionan bienes jurídicos protegidos por la ley.

Seguramente algunas personas dirán: ”pero es que la justicia no funciona”, “mire que los sueltan al otro día”, sí, así ha pasado, entiendo ese sentimiento de frustración que a mi, también me hace tener –algunas veces–, un pesimismo moderado frente a nuestro sistema judicial; pese a ello, hay que tener en cuenta que esto no es siempre una manifestación de injusticia, sino de materialización de las garantías procesales del indiciado; de igual manera, como miembros de una comunidad democrática debemos entender que esas son las reglas, nos gusten o no y, hay que sujetarnos a ellas. Con esto no quiero decir que debamos resignarnos a una justicia equívoca, errónea o permisiva por siempre, claro que podemos mejorarla formando excelentes profesionales, dotándola de mejores recursos técnicos y financieros, haciendo veeduría rigurosa.

Otro aspecto que quiero resaltar de lo que implica pertenecer a una sociedad plural, democrática y fundada en la igualdad, es que por más que nos cueste reconocer, toda persona, por más daño que haya hecho, tiene derecho a que se le realice un juicio justo, a ser protegido en su integridad y dignidad y, no hay relativismo moral aplicable para evadir dicho mandato. Con esto no quiero que se piense que hago una apología de los actos delictivos, para nada, lo que quiero decir es que para castigar al delincuente hemos creado unas normas penales o de política criminal y que, por ningún motivo la voluntad colectiva de agredir al desviado puede ignorarlas o rehusarse a cumplirlas.

Reconozco que es reprochable e inadmisible la conducta de una persona que trata de hurtar el patrimonio de otra, así como también lo es, la respuesta violenta de quienes intervienen al momento de neutralizar a quien está cometiendo un delito. A mi modo de verlo, ambas cosas son criminales y deben ser rechazas en una sociedad que se denomine justa. Sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo y quizá digan “es que se lo merecen; eso es para que cojan miedo; el que la hace la paga…”, pero, no creen que si las expresiones de ira y violencia fueran la solución para nuestras desgracias y problemas sociales, Colombia ya sería una nación perfecta, porque a lo largo de nuestra historia no hemos hecho otra cosa que agredirnos, golpearnos, insultarnos, dispararnos, violentarnos y no, no hemos logrado acabar o por lo menos neutralizar la criminalidad y otras formas de flagelo contra las libertades y derechos humanos.

Quizá por la euforia y el ruido que genera la violencia sistemática que ha usado esta sociedad para ajustar sus cuentas, no nos hemos percatado de que el problema de la delincuencia tiene profunda conexión con las desigualdades sociales y la debilidad institucional; no obstante, es más fácil perseguir y encerrar personas en una cárcel que redistribuir de forma más equitativa los recursos y la riqueza, que educar, brindar salud y seguridad alimentaria, generar más medios lícitos para el acceso a un empleo digno y, eso han hecho nuestros dirigentes, apostarle a una política criminal insostenible en detrimento de la política social. Cosa que me parece una decisión política equivocada, porque es en la lucha contra la pobreza, la miseria y la exclusión donde se empieza a ganar la batalla a la criminalidad.

Dijo Hector Abad Gómez en un magnífico escrito unas década atrás, que empezar a tener éxito en la política social, “será la única forma, de que no tengamos que seguir lamentando la violencia que nos abruma, que nos angustia, que nos hace a veces desesperar. Esto tiene sentido si se cree en la idea de que la violencia y los comportamientos delictivos son solo un síntoma de problemas sociales, éticos y morales más profundos, derivados de la injusticia, la extrema pobreza y la intolerancia.

Quiero terminar con una frase del maestro Bauman que decía, “las personas que se sienten inseguras, no son verdaderamente libres”. Desde las instituciones políticas locales y en conjunto con otros niveles de gobierno, debemos trabajar para ofrecerle auxilio a la comunidad y permitir que vivan en un estado de ausencia de miedo, sin caer en populismos mediáticos. Pero estas medidas no solo deben ser pensadas para la prevención del delito, también se deben asumir compromisos en torno al diseño de un sistema penal que devuelva a los criminales el sentido humano que han perdido y los prepare para convivir nuevamente; esta sociedad y en especial la comunidad de Amalfi, debe confluir en espacios de reflexión y construcción de una consciencia moral capaz de encontrar en las instituciones judiciales un interlocutor válido. Debemos construir un pueblo que entienda y apropie las condiciones de vivir en democracia, que respete las garantías procesales y, que se interrogue permanentemente sobre el peligro de legitimar, elogiar o hacer uso de la violencia y las emociones destructivas para resolver nuestros conflictos sociales.

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Opinión

Liderar en la civilización del capitalismo salvaje

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Sobre el capitalismo podría hacer un memorial de agravios bastante amplio por su forma de utilizar el mercado; no obstante, para efectos de esta columna, lo defino básicamente como un sistema económico en el cual prevalece el respeto de propiedad privada amparado en normas, la autonomía del mercado y, la libertad de relacionamiento entre los actores que producen para acrecentar capitales y los que mansamente consumen para convalidar sus hábitos con los estándares de éxito de una sociedad. En el capitalismo todas las esferas del desarrollo de una colectividad y sus individuos parecen estar supeditadas a las reglas del mercado, basta con mirar la multiplicidad de negocios que surgen en torno a la educación, la salud, el aprovechamiento del territorio, el ocio, etcétera. Quizá por eso dijo Eduardo Galeano que en esta civilización de capitalismo salvaje, el derecho de propiedad es más importante que el derecho a la vida. Dicho de otro modo, el capitalismo trasciende las posibilidades que le ofrece el mercado e instrumentaliza las relaciones interpersonales, los valores éticos, morales y políticos que fundan una comunidad o una nación.

Otro autor que puede ilustrar lo que intento decir es Erich Fromm. En su libro El arte de amar, expresa que “En una cultura en la que prevalece la orientación mercantil y en la que el éxito material constituye el valor predominante, no hay en realidad motivos para sorprenderse de que las relaciones humanas sigan el mismo esquema de intercambio que gobierna el mercado de bienes y de trabajo”, una interpretación del texto de Fromm indica que las herramientas que utiliza el capitalismo para operar y mantener su hegemonía, convierten el relacionamiento humano en un canje permanente de emociones y acciones que buscan satisfacer la existencia de un cúmulo de seres atomizados y manipulados, que se ocupan más por acumular que por trascender; en esas condiciones, todos somos proletarios impulsados por una fidelidad a la insatisfacción y la enajenación de la voluntad.

Y es que en la civilización del capitalismo salvaje no solo se mercantilizan los objetos expuestos a la ley de oferta y demanda; también, los valores parecen estar expuestos al consumo, en especial, aquellos íntimamente relacionados con la consolidación de una comunidad en armonía con la naturaleza y el humanismo; además, todos –quizá haya excepciones–, consumimos, intercambiamos o recibimos, a veces lo hacemos con la comida, la vestimenta, el entretenimiento, el conocimiento, la sexualidad o los viajes; otras veces, el apetito va en torno a lo que produce emociones solidarias, de cooperación, seguridad o de amor y, también se ha convertido en un artículo de consumo el liderazgo. A esto le llamo la metástasis del capitalismo en la humanidad.

El capitalismo ha convertido el liderazgo en primer lugar, una herramienta que favorece la preservación del sistema y en segundo lugar, un elemento más que puede consumir un individuo bien sea por medio de la militancia, el sufragio o las reacciones en Facebook, Instagram y Twitter.

El liderazgo como medio para favorecer el engranaje del capitalismo implica especialmente una explotación indiscriminada de los recurso naturales, en especial, los metales preciosos, el agua y los bosques; la privatización de las industrias de propiedad estatal; la persecución y corrupción del sindicalismo y, limita la libertad de una comunidad con respecto a asuntos esenciales como la producción de alimentos, la libre locomoción, la cultura y las costumbres. Este tipo de liderazgo compinche del sistema es el que ha tenido Colombia en los últimos gobiernos, en especial desde que el ex presidente Gaviria manifestó al país, “bienvenidos al futuro”, un futuro lejano de la estabilidad democrática y económica, quizá dicha frase era más una invitación a los capitalistas extranjeros para ver en nuestro país el nuevo botín del sistema.

Por otra parte, el liderazgo social y político se debate entre dos facetas, una que que denominaré como la comercial, en la cual los líderes son objetos que se venden a un electorado, todo es calculado, cada palabra y cada silencio, la familia, las ideas y las luchas son meros accesorios del producto que se espera la mayoría elija, así se desdibuja la democracia, convirtiéndola en un mecanismo efímero en el cual se elije un gobernante a lo reality con la ayuda de instrumentos mediáticos como los medios de comunicación, estos últimos se han convertido en “el nuevo escenario de la política y el nuevo escenario de la economía”, allí, se da un constante detrimento de la deliberación pública, prevalecen los sondeos de opinión, las estadísticas, lo absurdo y la agresividad. En resumen en este plano, el capitalismo ha hecho del liderazgo un producto que el consumidor (elector), debe comprar, la política no se basa en programas, en institucionalidad o en ciudadanía activa; sino, en personalismos, en sentimentalidad, imagen, populismos y manipulación.

De otro lado está la faceta ético y espiritual del liderazgo, el cual tiene menos marketing y que comúnmente lo relacionamos con líderes sociales y políticos alternativos a las fuerzas que tradicionalmente han gobernado. Esta forma de liderazgo sobrevive en el capitalismo y, aunque se vea obligado a convivir y coexistir con el sistema, son seres que imaginan, proponen y movilizan ideales colectivos. Estas personas reconocen la dignidad de los otros, valoran la diversidad sexual, racial y de culto, ostentan una grandeza moral que no adolece de corrosión y alardeo, desprecian la fama, el prestigio y los sobornos. Estos líderes y lideresas están “…dispuestos a acoger la ira, los reclamos y los intereses de todos lados para generar confianza”, estos individuos que resisten los efectos de un sistema económico deshumanizado y encarnan la esperanza de un progreso con justicia social en una nación donde, por encima del mercado, esté el interés general, los valores éticos de honradez y probidad; y, la ciudadanía pueda ejercer sin miedo la responsabilidad del control a las instituciones del Estado.

Colofón: Próximamente nos gobernará un líder hecho a molde del capitalismo, algo que me preocupa. Pero lo más trágico del asunto es que en lo que va del año, han sido asesinados 90 líderes y lideresas de esos que encarnan la ética y la esperanza, nos estamos quedando sin quienes encarnen la resistencia.

 

Yédison Aristizábal

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Nos están matando

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Hace un tiempo en un libro que se llama Guerras Recicladas de Maria Teresa Ronderos, leí un párrafo que me impresionó mucho. Dice en el libro que, “Lo sorprendente es que en medio del caos, la violencia y la hipocresía de la Colombia periférica, muchas personas demuestran una valentía y una fuerza extraordinarias al defender sus principios y los de los oprimidos y expropiados, y lucha por una Colombia nueva” . Ese texto me conduce a pensar en nuestros líderes y lideresas sociales, su lucha que es la de todos, sus logros que son para todos y los riesgos que enfrentan por haber tomado la decisión de defender nuestro patrimonio, los derechos fundamentales y la paz.

Escribo esto cruzado por un sentimiento de desconsuelo por los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales y también, un poco irritado por ver la respuesta pasiva de la sociedad civil. Entre enero de 2016 y junio de 2018 van más de 300 asesinatos en todo el país, ¿el motivo?, defender los recursos naturales y los derechos humanos, por estar organizados y ser capaces de movilizar a la población para resistir el menosprecio y abuso de las élites; los están matando, por estar en medio de un conflicto deshumanizado que no respeta la vida y el territorio.

Esta cadena de sucesos no es la primera vez que ocurre y pone en tela de juicio la fortaleza de nuestra democracia y de las instituciones encargadas de brindar seguridad a quienes ejercen la labor del liderazgo. Quiero recordar el llamado “Baile Rojo” https://goo.gl/pwuukH el cual hace referencia a un plan de exterminio por la vía de las armas contra los militantes de la Unión Patriótica a finales del siglo pasado, muchas de esas víctimas ejercían el liderazgo social en sus comunidades. Parece entonces que en Colombia se están reciclando las tragedias y el terror, estrategia mezquina de algunos grupos enemigos de la vida para convertir el liderazgo social en una tarea de alto riesgo y así, impedir que las comunidades despierten, exijan, se organicen y apropien de sus agendas.

Nos están matando, todos los días, en muchos lugares y ¿qué estamos haciendo como sociedad?, creo que muy poco. Por eso escribo esta columna, para poner en evidencia que nos falta sensibilidad por un problema social y que debemos esforzarnos por movilizar las emociones de solidaridad y resiliencia en todos nuestros conciudadanos, para cuidar la vida propia y de los otros; pero, también para exigir la eficacia de las instituciones del Estado. Escribo como acto de denuncia y de resistencia ante quienes desean hacernos retornar a una cotidianidad movida por masacres, amenazas y homicidios, y en especial, escribo para convocar a que protejamos y reconozcamos el valor de esas personas que han consagrado su vida al servicio de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, esos mismos que a veces son reducidor a una cifra estadística o que son tomados en cuenta solo al momento de sufragar en las citas electorales.

El liderazgo no puede ser sinónimo de muerte en nuestra sociedad, la indiferencia no debe ser la respuesta, cada amenaza y cada asesinato profundiza nuestra crisis humanitaria, nos aleja de las posibilidades de construir territorios de paz, nos empuja hacia la zozobra de la guerra y provoca el colapso de la dignidad, la libertad y la vida.

Finalmente les invito a ver el documental “Nos están matando, el grito de los líderes sociales en Colombia” https://goo.gl/gd7jv6 y a participar de la Velatón Nacional el día de mañana a las 6:00 pm https://goo.gl/yQfEoJ

Yédison Aristizábal

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