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Opinión

Amalfi: de la inseguridad a la violencia

El pasado sábado decidí, después de mucho tiempo, volver a tomar una cerveza en la zona rosa del municipio de Amalfi. No imaginé que la noche terminaría con un intento de hurto y otro de linchamiento, situación que pude presenciar y que me causó, sin ánimo de exagerar, un gran miedo y tristeza. Lo sucedido implica –a mi modo de verlo–, que la institucionalidad policiva revise o repiense las medidas de prevención del delito y protección de integridad de las personas y su patrimonio; de igual forma, debe convocarnos a una profunda reflexión en torno al uso de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos o ajusticiamiento social, lo cual me parece desde todo punto de vista peligroso y problemático.

Convivir y hacer parte de un Estado Social de Derecho, como se predica del nuestro, indica que los ciudadanos –entre otras cosas–, depositamos la función de impartir justicia por conductas indebidas o ilegales al aparato judicial, que con todas sus fallas y desaciertos, es constitucionalmente el llamado a castigar y procesar a las personas que lesionan bienes jurídicos protegidos por la ley.

Seguramente algunas personas dirán: ”pero es que la justicia no funciona”, “mire que los sueltan al otro día”, sí, así ha pasado, entiendo ese sentimiento de frustración que a mi, también me hace tener –algunas veces–, un pesimismo moderado frente a nuestro sistema judicial; pese a ello, hay que tener en cuenta que esto no es siempre una manifestación de injusticia, sino de materialización de las garantías procesales del indiciado; de igual manera, como miembros de una comunidad democrática debemos entender que esas son las reglas, nos gusten o no y, hay que sujetarnos a ellas. Con esto no quiero decir que debamos resignarnos a una justicia equívoca, errónea o permisiva por siempre, claro que podemos mejorarla formando excelentes profesionales, dotándola de mejores recursos técnicos y financieros, haciendo veeduría rigurosa.

Otro aspecto que quiero resaltar de lo que implica pertenecer a una sociedad plural, democrática y fundada en la igualdad, es que por más que nos cueste reconocer, toda persona, por más daño que haya hecho, tiene derecho a que se le realice un juicio justo, a ser protegido en su integridad y dignidad y, no hay relativismo moral aplicable para evadir dicho mandato. Con esto no quiero que se piense que hago una apología de los actos delictivos, para nada, lo que quiero decir es que para castigar al delincuente hemos creado unas normas penales o de política criminal y que, por ningún motivo la voluntad colectiva de agredir al desviado puede ignorarlas o rehusarse a cumplirlas.

Reconozco que es reprochable e inadmisible la conducta de una persona que trata de hurtar el patrimonio de otra, así como también lo es, la respuesta violenta de quienes intervienen al momento de neutralizar a quien está cometiendo un delito. A mi modo de verlo, ambas cosas son criminales y deben ser rechazas en una sociedad que se denomine justa. Sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo y quizá digan “es que se lo merecen; eso es para que cojan miedo; el que la hace la paga…”, pero, no creen que si las expresiones de ira y violencia fueran la solución para nuestras desgracias y problemas sociales, Colombia ya sería una nación perfecta, porque a lo largo de nuestra historia no hemos hecho otra cosa que agredirnos, golpearnos, insultarnos, dispararnos, violentarnos y no, no hemos logrado acabar o por lo menos neutralizar la criminalidad y otras formas de flagelo contra las libertades y derechos humanos.

Quizá por la euforia y el ruido que genera la violencia sistemática que ha usado esta sociedad para ajustar sus cuentas, no nos hemos percatado de que el problema de la delincuencia tiene profunda conexión con las desigualdades sociales y la debilidad institucional; no obstante, es más fácil perseguir y encerrar personas en una cárcel que redistribuir de forma más equitativa los recursos y la riqueza, que educar, brindar salud y seguridad alimentaria, generar más medios lícitos para el acceso a un empleo digno y, eso han hecho nuestros dirigentes, apostarle a una política criminal insostenible en detrimento de la política social. Cosa que me parece una decisión política equivocada, porque es en la lucha contra la pobreza, la miseria y la exclusión donde se empieza a ganar la batalla a la criminalidad.

Dijo Hector Abad Gómez en un magnífico escrito unas década atrás, que empezar a tener éxito en la política social, “será la única forma, de que no tengamos que seguir lamentando la violencia que nos abruma, que nos angustia, que nos hace a veces desesperar. Esto tiene sentido si se cree en la idea de que la violencia y los comportamientos delictivos son solo un síntoma de problemas sociales, éticos y morales más profundos, derivados de la injusticia, la extrema pobreza y la intolerancia.

Quiero terminar con una frase del maestro Bauman que decía, “las personas que se sienten inseguras, no son verdaderamente libres”. Desde las instituciones políticas locales y en conjunto con otros niveles de gobierno, debemos trabajar para ofrecerle auxilio a la comunidad y permitir que vivan en un estado de ausencia de miedo, sin caer en populismos mediáticos. Pero estas medidas no solo deben ser pensadas para la prevención del delito, también se deben asumir compromisos en torno al diseño de un sistema penal que devuelva a los criminales el sentido humano que han perdido y los prepare para convivir nuevamente; esta sociedad y en especial la comunidad de Amalfi, debe confluir en espacios de reflexión y construcción de una consciencia moral capaz de encontrar en las instituciones judiciales un interlocutor válido. Debemos construir un pueblo que entienda y apropie las condiciones de vivir en democracia, que respete las garantías procesales y, que se interrogue permanentemente sobre el peligro de legitimar, elogiar o hacer uso de la violencia y las emociones destructivas para resolver nuestros conflictos sociales.

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