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EL Nordeste

Mineros del Nordeste anuncian paro si se aprueba ley que los afectaría

Debido a la inconformidad por el proyecto de Ley 059 de 2020, que actualmente cursa en el Senado, la Mesa Minero Agro Ambiental del Nordeste antioqueño insistió nuevamente en la no aprobación de este.

La Mesa Minero Agro-ambiental de la subregión del Nordeste antioqueño, y la Mesa Minera de Segovia-Remedios le solicitaron al Congreso que hunda el proyecto de ley 059 de 2020, presentado por el Ministerio de Justicia, de Defensa, de Minas y Energía y de Ambiente.

El reconocimiento de la minería ancestral como una actividad económica legítima ha sido un reclamo constante de los mineros de Antioquia. Su labor, que se ha desarrollado en el departamento desde antes de la época de la colonia, está nuevamente en riesgo por el Proyecto de Ley 059 de 2020 que cursa en el Senado.

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Con este proyecto de ley, el Gobierno Nacional busca dar más herramientas a las autoridades en sus actividades en contra de la exploración y explotación ilícita de minerales en el país; crea nuevos delitos para abarcar a todos los eslabones de la cadena y así poder judicializar no solo a quienes hacen la extracción, sino también a quiénes comercializan y se benefician de minerales extraídos ilegalmente. Y, como asunto clave, se penaliza el uso de mercurio.

La iniciativa legislativa busca que se pueda judicializar solo por explotar minerales sin permiso de la autoridad competente y la pena mínima del delito pasa de 2 a 5 años. La explotación ilícita de minerales se usará como fue del delito de lavado de activos y tendrá más penas cuando financie al terrorismo. Además, se crea el delito de “comercialización, beneficio y transporte de minerales con origen ilegal”, se penaliza el uso del mercurio y se endurecen penas en todas estas conductas, incluido cuando se realicen en parques naturales o zonas protegidas.

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Por esto, la Mesa Minero Agro Ambiental del Nordeste Antioqueño y la Asociación Mesa Minera Segovia – Remedios anunciaron una posible movilización nacional para reclamar el reconocimiento y formalización de los mineros ancestrales y tradicionales, en caso de que sus peticiones sobre el proyecto de ley no sean atendidas.

Jaime Gallego, presidente de ambas mesas, afirmó que el proyecto es agresivo con los mineros ancestrales y tradicionales, no solo del departamento, sino de todo el país, y por eso piden ser escuchados antes de su aprobación. De no ser así, añadió, los mineros analizan la posibilidad de iniciar un paro nacional.

“Queremos que el Gobierno nos escuche, nos dejen ir al Senado o a la Cámara de Representantes para nosotros exponer la problemática, seamos escuchados y ese proyecto de ley sea retirado, o que nos den la oportunidad de buscar alternativas o de nosotros presentarles propuestas” dijo Gallego.

Aseguró Gallego que el gremio exige, en primer lugar una caracterización de quienes ejercen esta actividad de manera informal, para ser diferenciados de quienes lo hacen en la ilegalidad, y que se adelanten los trámites para ser formalizados.

Además, explicó que el proyecto de ley acabaría con esta cadena productiva ancestral: “miremos si exigimos que haya una verdadera formalización, una caracterización de los mineros ancestrales y tradicionales, que sepan diferenciarlos de los mineros criminales y busquen una manera adecuada en la ley para integrar a este gremio”.

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Si bien la iniciativa propone aumentar las penas por el desarrollo de actividades mineras ilegales, como medida para erradicar este tipo de explotación ilícita de la tierra, líderes de la Mesa Minero Agro-ambiental de la subregión del Nordeste antioqueño, y la Mesa Minera de Segovia-Remedio consideran que esta “afecta injustamente a los mineros tradicionales y de subsistencia” por carecer de un título o contrato de concesión, pues los equipara con criminales, manifestaron.


Esto debido a que carecen de un título o contrato de concesión, por lo que son asimilados como mineros ilegales, “desconociendo su naturaleza y carácter ancestral de su actividad legítima, además de la propiedad que sobre esos territorios por ellos ocupados se les reconoce aún en numerosos instrumentos internacionales”, como cita el comunicado.

Los mineros del Nordeste de Antioquia reclaman la construcción de una política pública minera y la formalización de la actividad minera de subsistencia, de manera que se proteja a los más de tres millones de mineros ancestrales y tradicionales que existen en el país y que sólo en Segovia y Remedios son diecisiete mil.

Además, piden la cesión de los títulos que ahora poseen empresas privadas y multinacionales, “a las cuales el gobierno ha dado prioridad, fomentando la monopolización de la extracción de recursos naturales”.

Por otra parte, reclaman el reconocimiento de las actividades de chatarreros y chatarreras como fuente de ingreso principal de muchas personas cabeza de familia, que pertenecen a comunidades indígenas o afro, y son personas con movilidad reducida y adultos mayores.

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En septiembre de 2020, los alcaldes de Yolombó, Yalí, Vegachí, Remedios y Segovia escribieron una carta dirigida a los ponentes del proyecto de ley para expresar su oposición. En el pronunciamiento criticaron el hecho de que “se es ilegal por el solo hecho de reclamar condiciones justas a procesos mineros de décadas, realizados por nuestros mineros tradicionales”.

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