Nordeste Antioqueño
Mineros del Nordeste advierten posible paro ante falta de respuestas del Gobierno
Los mineros del Nordeste antioqueño y el Bajo Cauca analizan la posibilidad de convocar un paro en rechazo a los operativos de la fuerza pública y el incumplimiento de acuerdos de formalización por parte del Gobierno Nacional.
El sector minero del Nordeste antioqueño y el Bajo Cauca evalúa la posibilidad de convocar un paro en respuesta a los operativos de la fuerza pública en la región. La Mesa Minero Agroambiental del Nordeste ha planteado el 10 de marzo como fecha tentativa para la movilización, mientras que el Comité por la Vida y la Formalización Minera del Bajo Cauca estudia si se sumará a la protesta.
Los mineros argumentan que el Gobierno Nacional ha incumplido los acuerdos alcanzados en octubre del año pasado, los cuales incluían compromisos para la formalización del sector y la protección del sustento de cientos de familias. Denuncian que, en lugar de avances, han enfrentado operativos que han resultado en la destrucción de maquinaria, la incautación de equipos y la criminalización de su actividad.
El pasado 27 de febrero, más de 5.500 mineros ancestrales y tradicionales se movilizaron en los municipios de Anorí, Amalfi, Segovia, Remedios y Porce para exigir garantías laborales y el reconocimiento de su labor. Con la consigna “Mineros sí, criminales no”, rechazaron la estigmatización de su oficio y reiteraron su demanda de acceso a la formalización, bancarización y mejores condiciones de seguridad jurídica.
Las autoridades han justificado los operativos argumentando que buscan frenar la minería ilegal, una actividad que, según la Policía Nacional, ha sido infiltrada por grupos armados que imponen pagos a los trabajadores a cambio de dejarlos operar. La fuerza pública también ha señalado el uso de mercurio y cianuro en algunos entables mineros, lo que representa un riesgo ambiental para las fuentes hídricas de la región.
Los voceros del movimiento minero han insistido en la necesidad de establecer un diálogo con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones que permitan la regulación de su actividad sin afectar su sustento. Sin embargo, denuncian que las mesas de concertación no han avanzado y que la única respuesta que han recibido hasta el momento han sido operativos en su contra.
