Más de 5.500 mineros ancestrales protestaron en el Nordeste antioqueño exigiendo garantías al Gobierno

Más de 5.500 mineros ancestrales del Nordeste antioqueño se movilizaron el jueves 27 de febrero en varios municipios de la región para exigir al Gobierno Nacional garantías en la formalización de su actividad y mejoras en sus condiciones laborales y sociales. La protesta, que transcurrió de manera pacífica, tuvo como puntos de concentración los parques principales de Anorí, Amalfi, Segovia, Remedios y Porce.

La movilización fue convocada por la Mesa Minera del Nordeste en respuesta a los operativos de la fuerza pública contra la minería ilegal, que han resultado en la destrucción de maquinaria y el cierre de varios entables mineros. Los líderes del sector denunciaron que estos procedimientos han afectado a trabajadores que llevan décadas dedicados a la minería tradicional y que buscan la formalización de su actividad.

Jaime Gallego, vocero de la Mesa Minera del Nordeste, señaló que los mineros ancestrales se sienten estigmatizados y que las acciones de las autoridades no han diferenciado entre minería ilegal y minería tradicional.

“Estamos en contra de los atropellos de la fuerza pública contra los mineros, los compradores de oro, los entables y los transportadores. No somos criminales, somos mineros ancestrales y tradicionales que estamos en busca de nuestra formalización. Mineros sí, criminales no”, expresó Gallego durante la manifestación.

Por su parte, Yarleis Meza, otro de los voceros del movimiento, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla los compromisos adquiridos con el sector. “Estamos luchando no solo por un empleo digno, sino también por un futuro mejor para nuestras familias. Necesitamos garantías que nos permitan trabajar de manera segura y estable”, afirmó.

Los mineros advirtieron que si en los próximos días no se establece una mesa de diálogo con el Gobierno para atender sus peticiones, podrían convocar a un nuevo paro minero en la subregión. Yarley Marín, presidente de la Mesa Minera de Segovia-Remedios, enfatizó que el Gobierno ha incumplido acuerdos previos, especialmente en lo relacionado con la caracterización y formalización de la minería ancestral.

“El Gobierno no ha sido capaz de identificar la minería tradicional en los territorios, a pesar de la existencia de la ley 2250 y del Plan Único de Formalización Minera. Esto era lo que pedíamos en la manifestación: que nos identifiquen y que la Unimil y la Policía Nacional no nos sigan tratando como delincuentes”, explicó Marín.

Además, alertó que esta protesta es “la tercera y última advertencia” antes de que se convoque un paro indefinido en la región.

Pese a las solicitudes de los mineros, las autoridades han intensificado los operativos contra la minería informal, particularmente en la cuenca del río Porce, donde en los últimos días fueron destruidas al menos seis retroexcavadoras. La Policía Nacional ha señalado que estas actividades han generado graves impactos ambientales y que, en algunos casos, han sido cooptadas por estructuras criminales.

El general José James Roa, director de la Policía de Carabineros, aseguró que grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN han infiltrado la minería en la región, exigiendo pagos a los trabajadores a cambio de dejarlos operar.

“Estas estructuras coaccionan a las personas que explotan los yacimientos mineros y les piden un porcentaje de la producción. Además, en muchos casos utilizan mercurio y cianuro, contaminando fuentes hídricas y afectando gravemente la biodiversidad”, afirmó el oficial.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha expresado su preocupación por la minería ilegal en la cuenca del río Porce, advirtiendo que estas actividades podrían afectar la estabilidad de la central hidroeléctrica Porce III y poner en riesgo a comunidades aguas abajo.

Según un comunicado emitido por la empresa el pasado 13 de febrero, la situación impacta a más de 21 poblaciones en municipios como Anorí, Amalfi, Nechí, El Bagre y Zaragoza. La empresa alertó que si las intervenciones ilegales continúan, podrían generarse niveles inesperados en los afluentes, afectando el suministro de energía y generando riesgos ambientales.