Nordeste Antioqueño
Cinco municipios del Nordeste se encuentran en alerta por disputas entre grupos armados
La Defensoría del Pueblo informó que en El Nordeste de Antioquia se evidencian fuertes violaciones a los derechos humanos contra los líderes sociales.
Los habitantes de 137 veredas de los municipios de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí están en riesgo de homicidios y desplazamientos por la disputa armada entre el Clan del Golfo, las disidencias, el ELN y Los Caparros que buscan el control del territorio.
A través de la Alerta Temprana 023 de septiembre de 2022, la Defensoría del Pueblo hace un llamado en relación a la persistencia del conflicto en esta subregión de Antioquia, donde se presenta una expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ELN, facciones disidentes de los frentes 36 de las Farc y la más reciente aparición de Los Caparros.
“El escenario de riesgo actual está relacionado con la presencia en común en los municipios de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí del ELN con el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro; las facciones disidentes de las FARC-EP con el Frente 36 en los municipios de Amalfi, Anorí y Vegachí,y el Frente 4ºdel Bloque Magdalena Medio en los municipios de Remedios y Segovia; las AGC con el Frente Jorge Iván Arboleda Garcés y el Bloque Roberto Vargas Gutiérrez y más recientemente el Bloque Virgilio Peralta Arenas nombrado por la Fuerza Pública como ‘Caparros’” advierte la Defensoría.
Las autoridades antioqueñas señalan que el conflicto territorial se focaliza en luchas de poder por el control del territorio y de los recursos que provienen de la minería ilegal y las rutas del narcotráfico. Es por ello que los municipios Segovia y Remedios, se han visto afectados porque ambos son mineros y resultan estratégicos para la operación de estos grupos.
“En esta subregión, entre 2016 y lo que va corrido de 2022, tras el vacío de poder generado luego de la salida de la zona de las antiguas FARC-EP, han confluido diferentes grupos armados ilegales con interés expansivo, ante la debilidad del Estado para avanzar en el copamiento del territorio de manera integral, más allá de la presencia de las Fuerzas Militares” dice la entidad.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos como Cahucopana, la Asociación Campesina del Norte y el Nordeste, la mesa minera y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, han sido blanco de amenazas en el desarrollo de sus labores.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró que la región del Nordeste del departamento tiene prioridad en cuestión de seguridad y es que se ha registrado un aumento de homicidios durante el 2022.
Durante la última visita del presidente, Gustavo Petro, a Antioquia, el gobernador solicitó que necesita apoyo articulado con las fuerzas de seguridad en esas subregiones de Antioquia. En esa oportunidad informó que se han contabilizado 1.268 homicidios en el departamento, en lo que va del año y la constante, es la violencia.
