Investigación
Se reanuda la audiencia de preclusión del caso del expresidente Uribe
El caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos es uno de los procesos judiciales más importantes con los que abre el 2022.
Este jueves 13 de enero, se reanuda la diligencia de solicitud de preclusión del proceso penal que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la manipulación y presión a testigos.
La diligencia comenzará con la intervención del abogado Miguel Ángel del Río Malo, defensor de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve. Después del abogado del Río, se escuchará a Laura Valentina Muñoz Osorio, acreditada como víctima.
Tras escuchar a las víctimas y sus representantes, el turno será para el delegado de la Procuraduría General. En este caso pidió seis días para presentar sus respectivos alegatos ante la argumentación de la Fiscalía General. Posteriormente, se escucharán los argumentos de los abogados Jaime Granados Peña y Jaime Lombana. Los juristas pidieron siete sesiones para intervenir.
El expresidente Uribe, como procesado, pidió el último turno para intervenir en el que aseguró que necesitará unas cuatro horas. Para escucharlo, fue programada una audiencia el 10 de marzo, tres días antes de las elecciones al Congreso.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estudia de nuevo la petición del periodista Gonzalo Guillén para ser acreditado como víctima en el proceso. Solicitud que le fue negada en el 2021, pero en una decisión que habría tenido problemas de forma.
Guillén, por su parte, alega que ha visto afectada su honra y buen nombre por improperios y señalamientos que le han hecho a lo largo del proceso, entre ellas afirmaciones del abogado Jaime Lombana en los alegatos ante la Corte Suprema y en grabaciones.
Gabriel Jaimes, el fiscal delegado para el caso, solicitó la preclusión porque no se encontró vínculo entre los delitos investigados y el exsenador, así como sostiene que se han presentado pruebas manipuladas dentro del proceso, como respalda la defensa.
Todas estas declaraciones se sumarán al expediente que terminará evaluando la jueza, quien debe decidir si precluye o no el caso que por ahora, de acuerdo a una decisión de la Corte Constitucional, mantiene a Uribe bajo la condición de imputado.
En ese fallo, la Sala Plena del alto tribunal no acogió la tutela de los abogados del expresidente, la cual pretendía que se cayera la imputación. La incógnita que resolvió la Sala Plena fue si la indagatoria que la Corte Suprema le abrió al expresidente en 2018 se podía equiparar a la imputación bajo la Ley 906 de 2004.
Por cinco votos a favor y cuatro en contra, el tribunal constitucional manifestó que si bien hay diferencias jurídicas, sí existe una equivalencia funcional entre indagatoria e imputación, así se lo explicó el magistrado Alejandro Linares a este diario.
