La Fiscalía concedió principio de oportunidad a contratistas del caso Aníbal Gaviria
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Investigación

La Fiscalía concedió principio de oportunidad a contratistas del caso Aníbal Gaviria

Recientemente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la libertad al suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria y ratificó la medida de aseguramiento que pesa en su contra.

La Fiscalía concedió principio de oportunidad a dos personas procesadas por irregularidades en la contratación quienes declararán contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa.

El ente acusador llegó a un acuerdo de colaboración con José Ignacio Narváez Mora, exrepresentante del Consorcio Troncal de la Paz y Luis Fernando Solarte Viveros, quien firmó un contrato adicional de la misma obra.

Los contratistas se comprometieron a declarar contra el gobernador, cuyo proceso está en la Corte Suprema de Justicia, y en contra Margarita María Ángel Bernal, secretaria de Infraestructura Física para el momento de los hechos; también contra Nadia Maryori Maya Lopera, exdirectora Territorial de la Secretaria de Infraestructura Física, entre otras personas.

La Fiscalía señaló que los elementos probatorios dan cuenta del pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz, durante el primer periodo del gobernador entre 2004 y 2007.

La investigación la asumió un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que a mediados de 2020 ordenó la captura del gobernador Gaviria; luego, y después de una lucha jurídica, recobró su libertad por orden del Tribunal Superior de Medellín. Pero ocho meses después, la Fiscalía insistió y el mandatario departamental fue recapturado en su despacho y cuando agentes del CTI lo notificaron de una decisión en su contra.

Las presuntas irregularidades de esta contratación incluyen la apropiación de los recursos de los anticipos por parte del consorcio en un valor de ocho mil novecientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y nueve millones ciento doce mil pesos con cincuenta centavos ($8.961.659.112,50) para la compra de los bienes necesarios para desarrollar el objeto del contrato, los cuales eran obligación del contratista aportar por cuenta propia, y la realización de un contrato adicional y un otrosí que no fueron suscritos observando los principios de planeación, selección objetiva, publicidad e igualdad de la contratación pública.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia, a través de la sala de instrucción, negó la petición de libertad que interpuso la defensa del gobernador Aníbal Gaviria tras considerar que no se cumplían los requisitos legales para mantener una medida de aseguramiento en su contra.

“La Sala considera que la medida de aseguramiento impuesta a Aníbal Gaviria Correa no solo cumple con los fines constitucionales que le son propios, sino que también reúne los requisitos de proporcionalidad, lo cual no se ha logrado desvirtuar a través de los argumentos propuestos por la defensa”, señaló la Corte.

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia no es procedente tumbar la medida de aseguramiento argumentando como lo plantea la defensa, con otro fallo de ese tribunal sobre un proceso que se sigue contra un gobernador de otro departamento ya que las premisas fácticas, jurídicas, probatorias, son independientes.

“Esta Sala no encuentra procedente la solicitud e la revocatoria de la medida de aseguramiento solicitada, al no existir prueba sobreviniente que permita inferir, de manera razonable, que han desaparecido los presupuestos fácticos o jurídicos tomados en consideración para imponer la detención preventiva, ejecutada domiciliariamente al procesado Aníbal Gaviria Correa”, agregó la Corte.

El gobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria aseguró en un comunicado de “injusta “ la decisión de la Sala Especial de Primer Instancia de la Corte Suprema de Justicia de denegarle una apelación de libertad.

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