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Investigación

Corte Suprema negó libertad del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria

El funcionario es investigado actualmente por irregularidades relacionadas con contratación y pavimentación de una obra vial

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la libertad al suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria y ratificó la medida de aseguramiento que pesa en su contra por presuntas irregularidades en contratación, durante su anterior gestión en ese cargo.

Aníbal Gaviria está siendo investigado por contratos para las obras de pavimentación y mantenimiento de un sector de la Troncal la Paz entre 2004 y 2007, cuando fue gobernador del departamento por primera vez.

La decisión fue adoptada por los magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia Jorge Emilio Caldas Vera, Blanca Nélida Barreto Ardila, Ariel Augusto Torres Rojas y Rodrigo Ortega Sánchez.

“La Sala considera que la medida de aseguramiento impuesta a Aníbal Gaviria Correa no sólo cumple con los fines constitucionales que le son propios, sino que también reúne los requisitos de proporcionalidad, lo cual no se ha logrado desvirtuar a través de los argumentos propuestos por la defensa (…)”, señala la decisión.

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia no es procedente tumbar la medida de aseguramiento argumentando como lo plantea la defensa, con otro fallo de ese tribunal sobre un proceso que se sigue contra un gobernador de otro departamento ya que las premisas fácticas, jurídicas, probatorias, son independientes.

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“Esta Sala no encuentra procedente la solicitud e la revocatoria de la medida de aseguramiento solicitada, al no existir prueba sobreviniente que permita inferir, de manera razonable, que han desaparecido los presupuestos fácticos o jurídicos tomados en consideración para imponer la detención preventiva, ejecutada domiciliariamente al procesado Aníbal Gaviria Correa”, agregó la Corte.

El gobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria aseguró en un comunicado de “injusta “ la decisión de la Sala Especial de Primer Instancia de la Corte Suprema de Justicia de denegarle una apelación de libertad. El funcionario es investigado actualmente por irregularidades relacionadas con una contratación en obras de mantenimiento y pavimentación en un segmento de la Troncal La Paz.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa.

Asegura el ente acusador que hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional N° 1, el 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995’000.000, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas.

Los investigadores evidenciaron que la suscripción del otrosí 2, cuatro días antes de que el entonces gobernador de Antioquia dejara el cargo y luego de haber terminado el empalme con su sucesor. Como objeto se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz.

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En el expediente existen elementos que podrían establecer que el mencionado otrosí 2, cuyo valor superó los 16.000 millones de pesos, contempló una obra que no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva.

Para el Fiscal titular del caso, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.

Dice el ente acusador que antes de pagarse los recursos del anticipo, se permitió que una suma superior a 5.000 millones de pesos fuera destinada por el contratista constructor para la adquisición de maquinaria, aun cuando la disposición en obra de equipo suficiente y necesario fue uno de los requisitos de la licitación.

Así las cosas, y aún con la detención domiciliaria, el gobernador Gaviria tendrá que defenderse ya en la etapa de juicio y ante la Corte Suprema de Justicia de los señalamientos que harán, y como quedó pactado en el principio de oportunidad, los contratistas también enredados en este proceso.

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