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Investigación

Conceden detención domiciliaria a implicado en caso de corrupción de Centros Poblados

Un juez de Bogotá le otorgó detención domiciliaria a Juan José Laverde, investigado por fraude procesal y falsedad en documento privado por el escándalo del contrato entre Centros Poblados y el Ministerio de las Tics.

Un juzgado de Bogotá concedió, en la tarde de este miércoles 10 de noviembre, la medida de casa por cárcel a Juan José Laverde, exagente de seguros de la agencia Rave, señalado de gestionar garantías bancarias falsas en el marco del escándalo de la unión temporal Centros Poblados y el Ministerio TIC.

Juan José Laverde había sido enviado a prisión el pasado 24 de septiembre por el juez 53 de control de garantías de Bogotá, tras determinar que secundó las acciones ilegales de Emilio Tapia, que permitieron la pérdida de 70.000 millones de pesos, razón por la cual fue imputado por los delitos de falsedad en documento privado por la garantía que presentaron del Banco Itaú, además de fraude procesal por las garantías de cumplimiento y acta de inicio del contrato.

Esto según la imputación hecha por la Fiscalía, porque Laverde fue quien hizo el contacto para conseguir la oferta falsa y luego se la envió al representante legal de la Unión Temporal para que la entregara al Ministerio.

“Su participación señor Juan José Laverde, en su condición de corredor de seguros de la empresa Noutovic, fue vital…fue la persona encargada por parte de la Unión Temporal de adquirir la póliza para oferta, pero una vez estableció que ninguna empresa de seguros expediría la póliza de seriedad a la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, contacto al señor Jorge Alfredo Molina García Mayorga a fin de que obtuviera la garantía falsa a través del señor Jorge Enrique López”, aseguró la fiscal.

Sin embargo, el argumento en el que se basó el juez es que Laverde puede cumplir el proceso que se sigue en su contra estando desde su casa, con lo cual no había motivos suficientes para que permaneciera recluido. A esa solicitud, de su abogado Hernán Miranda, no se opusieron ni la Procuraduría ni la Fiscalía General de la Nación.

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Cabe recordar que, el billonario contrato del Ministerio de las TIC buscaba llevar internet a las escuelas de las regiones más apartadas del país.

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