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Cortes

Corte Constitucional acepta 21 demandas contra modificación a la Ley de Garantías

Los demandantes buscan que entidades de Gobierno no puedan celebrar convenios interadministrativos con entidades públicas en época electoral.

La Corte Constitucional admitió para su estudio 21 de las 42 demandas que hasta el momento se han presentado en contra de la reforma legal que suspendió la aplicación de la Ley de Garantías durante la vigencia de 2022, y que fue aprobada ad portas de los comicios al Congreso y a la Presidencia de la República.

Vale recordar que, la Ley de garantías fue creada en 2005 buscando prevenir que los dineros públicos se utilicen para efectuar contratos que beneficien a los políticos en medio de las campañas previas a una elección popular.

Pero, en el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, se efectuó una modificación a la tradicional Ley de Garantías que en la práctica le permite a los alcaldes, gobernadores y agentes municipales y departamentales firmar convenios para la ejecución de recursos públicos en una época electoral.

En su momento el Gobierno argumentó que esos contratos favorecerían la ejecución de trámites y recursos que estuvieron frenados por la pandemia del coronavirus.

Opositores consideraron que podría significar un desvío de recursos para campañas políticas, teniendo en cuentas las elecciones para Congreso y Presidencia del año en curso. Ahora, la Corte Constitucional empezará a estudiar de fondo esta demanda y tomará decisiones sobre las peticiones de los demandantes.

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El alto tribunal corrió traslado a la Procuradora General de la Nación para que se pronuncie al respecto, así como a la Presidencia, al Congreso, al Ministerio del Interior, al de Hacienda, al de Comercio; y a Función Pública, Planeación, la Contraloría, la Agencia Nacional de Contratación Pública, la Defensoría, el Consejo Nacional Electoral, la Federación Nacional de Municipios y la de Departamentos y a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

Igualmente, la Corte pidió conceptos a Dejusticia, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Misión de Observación Electoral, a la Escuela de Veeduría Ciudadana Electoral de Colombia y a facultades de derecho de varias universidades.

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