Mesa Minera pide que se hunda el Proyecto de Ley 059 de 2020 sobre extracción ilegal
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Mesa Minera pide que se hunda el Proyecto de Ley 059 de 2020 sobre extracción ilegal

Líderes de los mineros aseguraron que de no atenderse sus peticiones se verán obligados a realizar una movilización nacional para reclamar por el reconocimiento y formalización de mineros ancestrales y tradicionales.

La Mesa Minero Agro-ambiental de la subregión del Nordeste antioqueño, y la Mesa Minera de Segovia-Remedios le solicitaron al Congreso que hunda el proyecto de ley 059 de 2020, presentado por el Ministerio de Justicia, de Defensa, de Minas y Energía y de Ambiente.

Con este proyecto de ley, el Gobierno Nacional busca dar más herramientas a las autoridades en sus actividades en contra de la exploración y explotación ilícita de minerales en el país; crea nuevos delitos para abarcar a todos los eslabones de la cadena y así poder judicializar no solo a quienes hacen la extracción, sino también a quiénes comercializan y se benefician de minerales extraídos ilegalmente. Y, como asunto clave, se penaliza el uso de mercurio.

La iniciativa legislativa busca que se pueda judicializar solo por explotar minerales sin permiso de la autoridad competente y la pena mínima del delito pasa de 2 a 5 años. La explotación ilícita de minerales se usará como fue del delito de lavado de activos y tendrá más penas cuando financie al terrorismo. Además, se crea el delito de “comercialización, beneficio y transporte de minerales con origen ilegal”, se penaliza el uso del mercurio y se endurecen penas en todas estas conductas, incluido cuando se realicen en parques naturales o zonas protegidas.

Se considerará como un agravante para estas actividades ilegales, además, que se afecte la capa vegetal o se destruyan cauces y rondas hídricas; cuando se genere daño a los recursos naturales o al medio ambiente; y cuando se realice por medios mecanizados o con explosivos. El proyecto de ley busca igualmente que se pueda vender o subastar los bienes asociados a estas actividades, luego de su sanción, como la maquinaria. Y que el dinero pueda ser utilizado en la restauración de las áreas degradadas.

El proyecto de ley permite que caduquen los títulos mineros para quiénes contraten menores de 18 años en actividades de minería y crea sanciones para explotadores mineros que excedan los volúmenes que establece la autoridad minera, para comercializadores que compren minerales a quiénes no tienen título. Además, la iniciativa obliga al Gobierno a reglamentar y establecer mecanismos para determinar procedencia y trazabilidad de los minerales.

Si bien la iniciativa propone aumentar las penas por el desarrollo de actividades mineras ilegales, como medida para erradicar este tipo de explotación ilícita de la tierra, líderes de la Mesa Minero Agro-ambiental de la subregión del Nordeste antioqueño, y la Mesa Minera de Segovia-Remedio consideran que esta “afecta injustamente a los mineros tradicionales y de subsistencia” por carecer de un título o contrato de concesión, pues los equipara con criminales, manifestaron.

En esa línea, la Mesa Minero Agro-ambiental de la subregión del Nordeste antioqueño, y la Mesa Minera de Segovia-Remedios le solicitaron al Congreso que hunda el proyecto de ley 059 de 2020, presentado por el Ministerio de Justicia, de Defensa, de Minas y Energía y de Ambiente, porque “afecta injustamente a los mineros tradicionales y de subsistencia, en la medida en que se les asimila a mineros ilegales por carecer de un título o contrato de concesión”. La Mesa agrega que se les desconoce la naturaleza y el carácter ancestral de su actividad legítima, además de la propiedad de los territorios que ocupan.

Jaime Gallego, presidente de la Mesa Minero Agro Ambiental de la Sub-Región del Nordeste Antioqueño, pide la construcción de una política pública minera y la formalización de la actividad minera de subsistencia para más de tres millones de mineros ancestrales y tradicionales del País. Afirma que el Estado debe reconocer que la mayoría de barequeros hace parte de las comunidades indígenas y afrodescendientes que gozan de especial protección constitucional, reconocida en numerosas sentencias de la Corte Constitucional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-.

“Solicitamos la caracterización de las comunidades mineras ancestrales y tradicionales de los territorios, respetando la vocación de los mismos que diferencie la minería ancestral y tradicional de la verdadera minería criminal, la que condenamos desde todo punto de vista”, manifestó Jaime Gallego.

Las siguientes son otras peticiones de la Mesa Minero Agro Ambiental:

  • Exigimos el respeto de los derechos humanos de las comunidades mineras ancestrales, de acuerdo con el artículo 2º de la Constitución Política, teniendo en cuenta que las comunidades vienen realizando esta labor desde mucho antes de la época de la colonia.
  • Invitamos a que exista una cesión de títulos en posesión de empresas privadas y multinacionales, a las cuales el Gobierno ha dado prioridad, fomentando la monopolización de la extracción de recursos naturales y promoviendo la formalización a través de la cesión de áreas, desconociendo los derechos que les asisten sobre el suelo y subsuelo de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan y ocupan esos territorios.
  • Solicitamos reconocer la actividad minera ancestral y tradicional como una actividad económica legítima, y que en virtud de ella, se fomente y garantice el acceso del minero ancestral o barequero a los servicios del sistema bancario y financiero, a quienes hoy se les impide su acceso por la estigmatización que el propio Estado colombiano ha hecho de la actividad del pequeño minero, como del minero de subsistencia, considerándola como una actividad criminal y asociada al narcotráfico y a las bandas criminales.
  • Exhortamos al Gobierno nacional y al Congreso de la República a flexibilizar y agilizar los procesos de formalización de los pequeños y medianos mineros titulares para cumplir de manera oportuna las exigencias ante los entes gubernamentales con la posibilidad de expandirnos a nivel internacional.

Por su parte, la fundadora de la Asociación de Chatarreras de Segovia y Remedios, Dania Alejandra Marín, reclama el reconocimiento de las actividades de chatarreros y chatarreras como fuente de ingreso principal de hombres y mujeres cabezas de familia que incluyen comunidades indígenas, afro, personas con movilidad reducida y adultos mayores.

Estas peticiones obedecen a la necesidad de los mineros antioqueños de que se les reconozca su oficio como una actividad económica legítima que se fomente y sea garantizada por el Estado. Si no hay respuesta efectiva de parte del Gobierno, esta Mesa Minera realizará una movilización nacional para reclamar el reconocimiento y la formalización como mineros ancestrales y tradicionales.

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