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Anorí

Paro en Anorí: seis días luchando y seguirán hasta que sean escuchados

En el 2018, Iván Duque ganó las elecciones presidenciales en Anorí con 2.217 votos de los 3.325 que se registraron en la segunda vuelta presidencial.

Al caminar por las calles de Anorí se hace evidente el descontento ciudadano con el gobierno Duque y la crisis social que ha generado la pandemia del coronavirus. Este municipio del Nordeste antioqueño tiene una población de algo más de 19.000 mil habitantes y de estos el 56,4% habita en una de las 51 veredas que tiene la localidad en sus 1.447 Km2.

Desde el pasado domingo organizaciones defensoras de derechos humanos, campesinos, indígenas, mineros y comerciantes se unieron para respaldar el paro “Anorí a las calles”, con el que rechazan la reforma tributaria del gobierno Duque, las fumigaciones aéreas a cultivos ilícitos y exigen la implementación del Acuerdo de Paz.

En la manifestación, que según cifras de la Alcaldía Municipal concentra a más de 3.000 personas, se leen carteles con mensajes como “que la paz no nos cueste la vida”, “ser líder social no es un delito”, “el pueblo no se rinde”, “si a la vida, no al glifosato”, “cuando la tiranía es ley, la revolución es orden”.

La postura de los promotores del paro es que éste continuará indefinidamente hasta que el Gobierno Nacional los escuche y resuelva sus peticiones satisfactoriamente. A pesar de las diferencias y necesidades de todos los actores del paro las exigencias se congregaron en un mismo pliego de peticiones.

Las organizaciones campesinas exigen al Gobierno nacional detener las acciones de erradicación forzada en Colombia, pues están cobrando vidas. Piden que se cumpla el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y el Acuerdo de Paz; que el Estado proteja a las comunidades y que haya una veeduría internacional, que aunque no puede desplazarse a los territorios, puede dar constancia de las actuaciones de la Fuerza Pública.

En un comunicado de la Asamblea Comunitaria Campesina expusieron las razones del paro en la que dicen que “venimos siendo irrespetados y vulnerados por todas las fuerzas del Gobierno Nacional y reprimidos por la fuerza pública del Estado colombiano. Somos tratados como delincuentes, vándalos y narcotraficantes por tratar de subsistir en nuestro territorio con los recursos que tenemos”.

Agrega la Asamblea Comunitaria Campesina que se encuentran “En medio de la zozobra por la amenaza permanente de operativos militares para la quema de maquinaria amarilla y dragas, además de los operativos policiales para la erradicación forzosa de cultivos de coca. A esto le sumamos la inoperancia de todos los escenarios de participación que el Gobierno dispuso para los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz”

Juan Camilo Piedrahita, alcalde de Anorí, expresó que desde su administración municipal se ha procurado hacer intermediación para este tema que requiere, principalmente, intervención del gobierno nacional.

Comité de Paro en Anorí expresó en el pliego de condiciones que “hoy por hoy, Anorí se encuentra en una crisis social, política y económica que no solo afecta a los campesinos y campesinas que habitan el campo, sino que desestabiliza el comercio del casco urbano”

“A pesar de todos los esfuerzos de las organizaciones sociales campesinas y de las Juntas de Acción Comunal por entablar mesas de dialogo cada que hay atropellos de la fuerza publica, hasta el día de hoy no se ha logrado concretar la ruta de trabajo efectiva entre autoridades, Gobierno y comunidades para garantizar el respeto por la vida, la defensa del territorio y la permanencia en él. Hemos estado durante los últimos años en un circulo vicioso donde la fuerza publica atropella, las comunidades se enfrentan, los lideres y lideresas buscan mesas de dialogo y el Gobierno nacional y local finalmente no garantizan ningún tipo de cambio”

Secretarías de Gobierno, Minas y Agricultura de la Gobernación de Antioquia dialogan a esta hora con representantes del Comité de Paro en Anorí. También participa Alcaldía, Gobierno Nacional y Ministerio Público.

¿Por qué protestan campesinos, indígenas, mineros y comerciantes en Anorí?

La asamblea campesina y líderes del paro “Anorí a las calles” tienen diversos reclamos como la reforma tributaria, el incumplimiento del Gobierno Nacional en el programa de sustitución de cultivos ilícitos, el reinicio de la fumigación con glifosato, la falta de garantías para los líderes sociales y el ataque a la minería ancestral y tradicional.

El Comité del Paro en Anorí rechazan “la Ley 059 de 2021 que reglamenta la judicialización de los mineros y mineras informales que son llamados por el Gobierno Nacional como delincuentes, al igual que “la aprobación política y económica para la implementación del fraking en el territorio colombiano; la entrada de proyectos hidroeléctricos a nuestro territorios, que generan miseria y perdida de la identidad y los operativos militares contantes en el territorio para quema de maquinaria amarilla y dragas”

Le exigen al Gobierno Nacional “formalización y titulación de los pequeña y la mediana minería del municipio; reconocimiento administrativo y político, de la actividad minera como renglón principal para el desarrollo económico del municipio; reconocimiento de las vocación minera como práctica ancestral y tradicional del territorio Anoriseño” y “una tregua de dos años entre el Gobierno Nacional y los pequeños y medianos mineros del municipio, para que en este periodo puedan concretarse unos procedimientos y gestiones necesarios para hacer la transición de los mineros hacia la formalidad económica”

Frente al punto 1 del Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural Integral los manifestantes exigen que el Gobierno reconozca el equipo motor como única instancia para la toma de decisiones de todo lo relacionado con recursos PDET. También piden que se “realice un encuentro trimestral con ART, Grupo Motor y Administración Municipal evaluación y seguimiento, para ello se necesita de todas las garantías (alimentación, hospedaje, gastos de desplazamiento y día compensatorio) para los lideres y lideresas que asistan a los encuentros” y el “acompañamiento permanente de la Contraloría en las sesiones del Grupo Motor como garantía para la vigilancia de la ejecución de los recursos”.

Uno de los puntos más críticos es el de la sustitución de cultivos de uso ilícito, el Comité del Paro pide que se de “cumplimiento de lo establecido en los planes de compra para la entrega de proyectos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)”

En este punto exigen que la inversión en el municipio que llega por recursos ordinarios debe sea diferenciada para conocer puntualmente los recursos que han sido gestionados de los PDET y cuales son gestión directa de la Administración Municipal.

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