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Antioquia

Gobernador de Antioquia asegura que no hay suficiente fuerza pública para contener el paro armado

El gobernador, Aníbal Gaviria, señaló que le pedirán al Gobierno nacional reforzar la presencia del Ejército y la Policía Nacional en los municipios de Antioquia

La extradición del máximo líder del Clan del Golfo, alias Otoniel, a Estados Unidos, provocó que esa estructura criminal iniciara un paro armado en distintas zonas del país, una de esa Antioquia. El gobernador de ese departamento, Aníbal Gaviria, recientemente confesó que el territorio que gobierna no tiene el suficiente pie de fuerza para enfrentar esta situación.

“Nosotros tenemos déficit de policía y ejército muchísimo. Ese es un déficit estructural y coyuntural y ese es un pedido que le vamos a hacer al Gobierno Nacional hoy y es que hay que concentrar más fuerzas en Antioquia y seguramente en los departamentos hermanos”, dijo el gobernador de Antioquia.

El gobernador añadió que ya se preveían acciones terroristas del ‘Clan del Golfo’ a causa de la extradición de ‘Otoniel’, pero que la realidad superó los preparativos de las autoridades de la región.

“Había previsión, pero ante una situación indiscriminada como esta, las actividades preventivas tienen su complejidad. En algunos municipios hay una parálisis en la zona urbana, en otros no. En las zonas rurales, en la mayoría, se da esa situación de parálisis. Se da una situación a la fuerza pública y a la Fiscalía en el municipio de San Roque, sin consecuencia para el personal”, dijo.

“No le hagamos el juego a las amenazas terroristas difundiendo videos, fotos, mensajes. Este “paro armado”, más que “armado”, utiliza la desinformación y las redes sociales para generar intimidación y apología del delito. No le hagamos el juego a los violentos” puntualizó el mandatario.

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El general Jorge Vargas, director de la Policía, responsabilizó de estas acciones terroristas a tres herederos de “Otoniel” e integrantes del estado mayor del Clan: Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), Wilmer Giraldo (“Siopas”) y Gonzalo Sánchez (“Gonzalito”). Por los dos primeros, que quedaron al mando del cartel, el Gobierno aumentó la recompensa a $5.000 millones.

El ministro de Defensa, Diego Molano, encabezó tres consejos de seguridad regionales, en compañía de altos mandos de la Fuerza Pública, gobernadores y alcaldes.

Una de las decisiones tomadas fue la creación de un Bloque de Búsqueda con fuerzas especiales de la Policía y el Ejército, para atacar al Clan en sus principales áreas de influencia. También se incrementaron los patrullajes terrestres y aéreos, y caravanas con escolta armada.

Se asignó una recompensa de $50 millones para quien dé información sobre los terroristas involucrados en el paro ilegal y se activó la “Póliza de Seguro Antiterrorismo”, para asegurar vehículos y algunos bienes que resulten dañados.

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