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Antioquia

Estos son los 28 imputados por la Contraloría por caso Hidroituango

Se trata de 28 imputados –entre personas y empresas-, entre los que se encuentran el exgerente de EPM, Federico Restrepo; el exgerente de EPM, Juan Esteban Calle; el exalcalde de Medellín (hoy gobernador de Antioquia) Aníbal Gaviria y los exgoberadores del departamente, Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo.

A poco más de un año de que se publicara el auto con el que se empezó el proceso de responsabilidad fiscal por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango, la Contraloría reveló quiénes serán imputados por el caso. La entidad imputó a 28 personas naturales y jurídicas y archivó la investigación de otros seis.

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, recordó que en el marco de este proceso, que se originó por una solicitud de actuación especial en febrero de 2019, se han analizado más de dos teras de información, y que la investigación, por la que se abrió un proceso de responsabilidad fiscal el 14 de noviembre del año pasado, arroja que hay presuntos responsables fiscales, que contarán con todas las debidas garantías para su defensa.

Para la entidad, las fallas de Hidroituango son el resultado de una cadenas de errores, desde el diseño hasta su ejecución, con tres graves consecuencias: El incumplimiento del objetivo principal del proyecto, que es generar energía, lo que generó un lucro cesante de $1,1 billones; el desmesurado aumento de los costos del proyecto, que terminó costando cerca de $13 billones con un daño fiscal de $2,9 billones; y la grave contingencia de 2018, que amenazó con causar una calamidad pública.

En total, la CGR calculó el lucro cesante en $1,1 billones y la destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados en $2,9 billones, para un total de $4 billones.

Por su parte el vicecontralor Julián Mauricio Ruiz, explicó que en el grupo de 28 de imputados hay cuatro grandes grupos: los miembros de la junta directiva de Hidroituango, los gerentes de EPM y la sociedad Hidroituango, los contratistas encargados de las construcciones e interventoría, y los alcaldes y gobernadores.

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“Dentro de este último grupo hay que distinguir entre quienes solo eran alcaldes o gobernadores, y quienes además de ese cargo ostentaban el de miembros de junta directiva de Hidroituango”, dijo.

Además, que en esta etapa procesal los contratistas imputados, como los funcionarios electos, no tienen impedimentos para ejercer o contratar, y que esperan que el fallo definitivo salga en un año y medio.

Los imputados como presuntos responsables: los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos; los exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria y Fabio Salazar; los exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle y Federico Restrepo.

Además, los siguientes miembros de junta directiva y funcionarios: Alejandro Antonio Granda, Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno, Iván Mauricio Pérez, Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Atehortúa, John Alberto Maya, Jorge Mario Gallón, Luis Javier Duque, María Eugenia Ramos, y Rafael Andrés Nanclares.

También fueron imputados los integrantes del Consorcio CCC Ituango (Construccoes e comercio Camargo Correa, Constructora Conconcreto y Coninsa Ramón H.S.A), los integrantes del Consorcio Túneles Ituango (Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores), y a los integrantes del Consorcio Ingetec-Sedic (Ingetec y Sedic) y del Consorcio Generación Hidroituango (Integral e Integral Ingeniería de Supervisión).

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En cambio, se le archiva la investigación al exgerente de EPM Jorge Londoño De La Cuesta, quien no obró con culpa grave; y a Jesús Alfonso Jaramillo, Secretario privado del Departamento de Antioquia y suplente de Sergio Fajardo quien tampoco actuó sin culpa grave.

También se le archivó a Sebastián Álvarez, ferente de proyectos del Departamento de Antioquia; Wilson Chinchilla, funcionario de EMP; Hugo Mora, miembro de junta directiva que casi siempre fue suplente; y a la empresa Gestión y Auditoría Especializada.

Cabe recordar que la entidad abrió por esta emergencia un proceso de responsabilidad fiscal por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto, y estimó que el daño fiscal sería de $4 billones. Desagregados, $2,9 billones son por concepto de destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados; mientras que los restantes $1,1 billones por lucro cesante.

La imputación no equivale a decir que los presuntos responsables son culpables. Esto, porque la responsabilidad fiscal está integrada por una conducta a título de dolo o culpa (grave) del gestor fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal. En esta etapa del proceso deberán probarse los tres elementos, luego de lo cual la entidad procederá a expedir un fallo condenatorio o absolutorio.

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