Contraloría ordenó el embargo a las cuentas bancarias de contratistas de Hidroituango
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Antioquia

Contraloría ordenó el embargo a las cuentas bancarias de contratistas de Hidroituango

La decisión se tomó el pasado 12 de abril y se trata de una medida cautelar como parte del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta el ente de control por la emergencia de 2018.

Luego de haber imputado cargos, a 28 personas naturales y jurídicas, por un presunto detrimento de más de 4 billones de pesos por las irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto Hidroituango, la Contraloría General de la República ordenó, mediante una medida cautelar, embargar las cuentas de los constructores.

Dentro del auto se ordenó “Decretar el embargo y retención de los dineros depositados o que lleguen a depositarse en las cuentas bancarias de titularidad de Integral S.A., con NIT 890.903.055-1, hasta por la suma de cuatro billones doscientos treinta mil millones de pesos ($4.230.000.000.000) m/cte.

La determinación fue comunicada el lunes 19 de abril a entidades financieras por parte de la Contraloría Delegada Interseccional 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República y señala a 19 presuntos responsables fiscales, entre ellos se encuentra Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos, exgobernadores de Antioquia.

A su vez, son señalados por el organismo de control los siguientes miembros de junta directiva y funcionarios: Alejandro Antonio Granda, Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno, Iván Mauricio Pérez, Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Atehortúa, John Alberto Maya, Jorge Mario Gallón, Luis Javier Duque, María Eugenia Ramos, y Rafael Andrés Nanclares.

De igual manera, fueron imputados los integrantes de los Consorcios: CCC Ituango; Túneles Ituango (Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores); Ingetec-Sedic (Ingetec y Sedic) y Generación Hidroituango (Integral e Integral Ingeniería de Supervisión).

Al conocerse la noticia, Empresas Públicas de Medellín informó que sus cuentas no han sido embargadas. “En medios de comunicación se ha informado que a Integral S.A., y posiblemente a los demás contratistas de EPM en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, les fueron embargadas las cuentas por la Contraloría General de la República, en el marco del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por dicho órgano de control, en el que se relacionan como presuntos responsables. EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas”, dijo la empresa.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, aclaró que la Contraloría embarga cuentas de contratistas de Hidroituango, pero en esta determinación del ente de control EPM no fue embargada. “La empresa seguirá en la construcción del proyecto, que prenderá su primera turbina en el segundo semestre del año que viene”, comunicó el funcionario.

Contra la medidas cautelares decretadas por la Contraloría proceden los recursos de reposición y apelación.

Una ‘cadena de errores’ terminó generando emergencia en Hidroituango

Para la Contraloría General de la República las fallas del proyecto Hidroituango son el resultado de una “cadena de errores” que terminaron en una emergencia en el año 2018.

Los problemas en el proyecto llevaron a una primera consecuencia grave: que no se hubiera cumplido con su objetivo de generar energía que ya había sido contratada y acordada para el 2018. Y es que, según el proceso fiscal, Hidroituango había prevendido 2.9 millones de kilovatios de energía al día, para un periodo entre diciembre del 2018 y el 30 de noviembre del 2038, con un valor de 13,99 dólares por cada megawatio-hora. 

El segundo problema tiene que ver con los desmesurados aumentos de costos de Hidroituango, pues se había estimado que costaría  6 billones, y por la improvisación, dice la Contraloría, terminó costando 13 billones de pesos sobre los cuales el organismo de control determinó un detrimento de 2,9 billones de pesos por la destrucción que había sufrido el proyecto a junio del 2019.

La tercera grave consecuencia tiene que ver con la contingencia que el proyecto sufrió en abril del 2018, cuando se derrumbó el tercer túnel de desvío del río Cauca, lo que causó alertas en la estabilidad de la presa, riesgos sociales y medioambientales.

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